Entre el 15 de junio y el 31 de agosto de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó operativos de inspección en la Península de Yucatán y puso bajo la lupa a comunidades y empresas responsables de arrasar selva para la expansión agroindustrial. En Yucatán, la intervención se centró en Tekax, donde fueron clausurados predios en los ejidos Nohalal, Emiliano Zapata y Poccheil, con saldo de 968.62 hectáreas (ha) de selva devastadas.
En estos terrenos, la autoridad aseguró una máquina Caterpillar D8, una retroexcavadora, una perforadora de pozo y tres tractores agrícolas que eran empleados en los desmontes ilegales. La acción contó con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y corporaciones de seguridad estatales.
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Los operativos también alcanzaron a Campeche y Quintana Roo, con afectaciones en 247.85 y 2,531.12 hectáreas respectivamente; pero el golpe ambiental en el sur de Yucatán refleja la creciente presión sobre los ecosistemas forestales de la región.
En total, 3 mil 747.59 ha fueron clausuradas en 17 predios de la Península, principalmente en zonas menonitas que han promovido la siembra de monocultivos a gran escala sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De mayo a agosto de este año, la Profepa ha realizado 25 operativos en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, logrando la clausura de terrenos que en conjunto suman 6 mil 325.60 hectáreas de selva deforestada.
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Denuncias penales
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, advirtió que además de las clausuras se han iniciado procedimientos administrativos y 13 denuncias penales contra responsables de los desmontes ilegales. “Tenemos el compromiso de trabajar en coordinación con instituciones de los tres niveles para frenar la destrucción de las selvas y avanzar hacia sanciones ejemplares, además de establecer procesos de restauración de la vegetación nativa”, puntualizó.
La dependencia federal señaló que continuará con acciones permanentes de inspección y vigilancia en Yucatán y el resto de la península, para detener cambios ilegales de uso de suelo y garantizar que el daño ambiental no quede impune.