La disputa por las más de 5 mil hectáreas invadidas en Kinchil por empresas inmobiliarias ha alcanzado una nueva dimensión: el abastecimiento de agua para las personas y los animales está en peligro, advierten ambientalistas y habitantes del municipio.
Aunque ya se había denunciado públicamente el despojo de tierras comunitarias colindantes con la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, ahora salen a la luz los impactos directos sobre el sistema hídrico de la zona, compuesto por cenotes, lagunas y aguadas que funcionan como fuente principal de agua para los pobladores, así como bebederos naturales para la fauna silvestre, entre ellos el jaguar, especie en peligro de extinción.
“Estos cuerpos de agua no solo nos dan vida a nosotros; son fundamentales para todo el ecosistema. El jaguar, los venados, los pavos de monte… todos dependen de ellos”, alerta Federico May, activista y defensor del territorio kinchileño.
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Según Isaías Ramos Martín, ingeniero ambiental que ha seguido el caso, las inmobiliarias que operan sobre las tierras invadidas utilizan agua de los cenotes y pozos sin regulación, y causan una baja presión en las comunidades cercanas y la contaminación del manto freático con residuos de construcción.
“Usan el agua para mezclar cemento, lavar maquinaria o rellenar piscinas, y cuando terminan, la tiran como si fuera basura. Eso está acabando con la pureza de nuestros mantos”, señala Ramos Martín.
Entre los proyectos señalados por los defensores se encuentran Residencial Bokobá, Itzamná, Grupo Libera y Hacienda Celestún, que —según testimonios— ya han fraccionado y vendido tierras pese a los conflictos legales y denuncias por despojo.
El riesgo no es menor. La sobreexplotación del acuífero, la destrucción del suelo selvático y la deforestación acelerada pueden llevar a la región a enfrentar en pocos años una crisis hídrica similar a la que viven otras ciudades del país, donde el crecimiento desordenado ha dejado comunidades sin agua ni cultivos.
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“Yucatán no está exento. Podemos tener fraccionamientos de lujo, pero ni una gota para regar una milpa. Eso no es desarrollo, es suicidio ambiental”, advierte el ingeniero Ramos.
A pesar de las denuncias, los pobladores acusan una ausencia preocupante de vigilancia por parte de las autoridades ambientales y una falta de acción concreta para frenar el avance de estos desarrollos sobre zonas de alto valor ecológico, cultural y comunitario.
“Lo que defendemos no es solo el agua; es nuestra dignidad, nuestro derecho a vivir aquí como lo han hecho nuestros abuelos. Esta tierra es más que tierra: es nuestra identidad”, concluye Federico May.
