Un grupo de campesinos acudió a la casa ejidal para exigirle a la comisaria Aracely Herrera que convoque a una asamblea y proporcione información sobre un terreno de la zona conocida como Santa Anita en donde se han desmontado más de 100 hectáreas sin que hasta el momento se sepa por qué.
Sin embargo, al llegar se encontraron con que el local ejidal estaba cerrado, por lo que los ejidatarios anunciaron que regresarán en los próximos días para que sea recibida la petición oficial que hacen a fin de que se convoque a una asamblea.
Estas personas denunciaron el presunto despojo y deforestación, al parecer irregular, de al menos 168 hectáreas de tierras ejidales de uso común, situación que ha encendido las alarmas entre los pobladores de la región.
En fechas recientes, los campesinos detectaron la deforestación de entre 50 y 80 hectáreas, para lo cual se utilizó maquinaria pesada, y presuntamente no se tiene la autorización legal respectiva.
De acuerdo con testimonios de los propios ejidatarios, estas acciones presuntamente estarían siendo encubiertas por la actual comisaria ejidal, Aracely Herrera, quien no ha informado nada sobre los trabajos que se realizan en los terrenos, lo cual ha generado sospechas, y es por ello que piden que se convoque a una asamblea para recibir una explicación de lo que está ocurriendo.
Habitantes de la comunidad han comentado que esas tierras podrían estar siendo adquiridas por empresarios con intenciones de revenderlas, mientras que otros aseguran que por esa zona podría pasar el proyecto del segundo periférico, una obra aún en fase de planeación, pero que, de concretarse, atravesaría justamente estos terrenos.
Los pobladores exigen a las autoridades agrarias y ambientales una investigación inmediata, y que se tomen medidas legales contra quienes resulten responsables por estos actos que podrían constituir violaciones a la Ley Agraria, además de daño ambiental, pero lo que más les urge es una explicación de parte de la autoridad encargada, para lo cual seguirán insistiendo.
