La contaminación del agua en Yucatán no es un problema nuevo, pero sí cada vez más documentado y, a pesar de ello, aún poco atendido por las autoridades. Investigadores locales llevan más de una década advirtiendo que el acuífero de la Península —del que depende prácticamente toda la población— está recibiendo una carga creciente de tóxicos: plaguicidas prohibidos, metales pesados, aguas residuales y desechos agropecuarios.
Eduardo Batllori Sampedro, investigador del Departamento de Ecología Humana del Cinvestav Mérida, lo resume con crudeza: “Existen datos contundentes: hay organoclorados, como heptacloro, aldrin, lindano, endosulfán y DDT, presentes en agua, en sangre e incluso en leche materna de mujeres de diversas comunidades. Estos químicos superan la norma y representan un grave riesgo para la salud pública”.
Las investigaciones no son aisladas. Científicos como la doctora Judith Ortega y el doctor Ángel Polanco han encontrado concentraciones elevadas de pesticidas en mujeres con cáncer cérvico-uterino y mamario, así como en niños y adolescentes. La evidencia apunta hacia una relación directa entre la exposición a agroquímicos y el aumento de enfermedades graves en la península.
La señal más alarmante: la leche materna
Uno de los hallazgos más perturbadores es la presencia de plaguicidas en leche materna. Esto significa que los recién nacidos están siendo expuestos a sustancias con potencial cancerígeno desde sus primeros días de vida. Batllori recuerda que entre 2015 y 2017 el “grupo de tóxicos peligrosos” —una red interdisciplinaria de especialistas— documentó concentraciones de plaguicidas en pozos de agua potable en al menos 40 municipios de Yucatán, con niveles por encima de los límites permitidos.
“El agua que llega a los hogares ya tiene señales de contaminación, y no se trata de casos aislados, sino de un problema extendido y estructural”, advierte.
El campo y la ciudad, fuentes de un mismo problema
El deterioro del agua no se limita a las zonas agrícolas. En Mérida y su zona metropolitana, la contaminación proviene también del crecimiento urbano desordenado y de la falta de infraestructura sanitaria. Según Batllori, el 70% de las viviendas en la capital yucateca utilizan sumideros en lugar de sistemas de tratamiento, lo que provoca que las aguas residuales terminen infiltrándose en el subsuelo.
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En municipios aledaños, la situación es aún más grave: prácticamente el 100% de las casas descargan en sumideros. Aun las fosas sépticas de fraccionamientos nuevos funcionan apenas entre un 40 y 50% de eficiencia. Esto multiplica la presencia de coliformes fecales y otros contaminantes en el agua que circula por la Península.
A lo anterior se suma la contaminación agrícola y ganadera. El uso intensivo de fertilizantes y estiércoles sin control acaba filtrándose al acuífero y fluye hacia la costa. Este proceso explica, en parte, la aparición cada vez más frecuente de mareas rojas en el litoral yucateco.
Mareas rojas, síntoma visible
Las mareas rojas no aparecen por arte de magia. Son, según los especialistas, el resultado de la acumulación de nutrientes y químicos en las descargas subterráneas hacia la costa.
En el verano de 2025, Yucatán vivió la marea roja más tóxica en al menos 24 años, según el Cinvestav. Se detectaron seis especies de algas nocivas, entre ellas Prorocentrum lima y Pyrodinium bahamense. En Chuburná, las concentraciones superaron las 2,083 unidades, cuando los límites de seguridad son mucho menores. La mortandad de fauna marina, la parálisis en la pesca y el golpe al turismo recordaron a los yucatecos que la contaminación no es un asunto invisible.
“Las mareas rojas no son un fenómeno natural aislado; son consecuencia de lo que arrojamos al subsuelo y, tarde o temprano, al mar”, apuntó Batllori.
Daños en salud y ecosistemas
Los efectos en la salud son múltiples. En Muna, estudios reportaron un incremento de abortos y partos pretérminos en mujeres expuestas a agrotóxicos, así como alteraciones espermáticas en hombres que comprometen la fertilidad.
El impacto se extiende a la biodiversidad. El uso de pesticidas de última generación, como los neonicotinoides, ha provocado mortandades masivas de abejas en el oriente y sur de Yucatán, lo que afecta a la apicultura y a la polinización de cultivos. Los apicultores han denunciado fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos que devastan colmenas enteras.
Urgencias postergadas
Frente a este escenario, el investigador insiste en la urgencia de reactivar el “grupo de tóxicos peligrosos”, que fue desmantelado en la pasada administración, así como reinstalar centros de acopio para los más de 70 toneladas de envases de agroquímicos que cada año se tiran en los campos de Yucatán.
“Es indispensable que Semarnat, Cofepris y Senasica hagan un control real de los inventarios de plaguicidas, retiren los que ya están prohibidos y regulen estrictamente la fumigación aérea. El acuífero de Yucatán es altamente vulnerable, y los daños ya están documentados: no podemos seguir posponiendo su atención”, concluyó.
