En 2025, un total de 326 yucatecos fueron deportados desde Estados Unidos, una cifra que confirma que el endurecimiento de las políticas migratorias en ese país ya tiene efectos concretos en el sureste mexicano. Aunque Yucatán no figura entre las entidades con mayores volúmenes de repatriación, el número revela una presión creciente sobre comunidades migrantes que, durante años, construyeron su vida al otro lado de la frontera.
El actual contexto migratorio en Estados Unidos ha modificado de manera sustancial las condiciones para quienes viven sin documentos. Las nuevas directrices federales han fortalecido la vigilancia, ampliado los operativos de detención en zonas urbanas y laborales y acelerado los procesos de deportación.
En la práctica, estas acciones no distinguen estatus laboral, arraigo comunitario ni años de residencia, lo que ha colocado en riesgo incluso a personas que llevan décadas trabajando, pagando impuestos y formando familias en ese país.
Para Yucatán, el fenómeno no es coyuntural. En los últimos diez años, 5 mil 485 yucatecos han sido deportados desde Estados Unidos, una cifra que, puesta en perspectiva, equivale a la población total de municipios como Cuzamá, Kantunil o Huhí. En una década, el retorno forzado ha tenido el tamaño demográfico de un municipio completo.
Éxodo histórico, regreso contemporáneo
La migración yucateca hacia Estados Unidos tiene raíces profundas. Desde la crisis del henequén, a mediados del siglo XX, miles de habitantes del interior del estado se asentaron en ciudades como Oxnard, en California, particularmente personas originarias de Telchac Pueblo. Con el paso de los años, estas redes se expandieron hacia Los Ángeles, la Bahía de San Francisco, Houston y el estado de Florida, consolidando corredores migratorios que facilitaron el flujo constante de trabajadores.
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Hoy, esas mismas redes enfrentan una etapa de fragilidad. El endurecimiento migratorio ha elevado el número de deportaciones y también ha generado un clima de temor permanente entre quienes permanecen en Estados Unidos, muchos de los cuales han reducido su movilidad, dejado de acudir a sus centros de trabajo o viven preparados para una posible detención.
Miedo, aislamiento y una “segunda pandemia”
La titular del Instituto de Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), Fabiola Loeza Novelo, ha descrito el escenario actual como uno marcado por el miedo y la angustia. Migrantes yucatecos le han expresado que viven una especie de “segunda pandemia”, no sanitaria, sino emocional: confinados en sus casas, con temor a salir y con la constante incertidumbre de ser separados de sus familias.
Ante este escenario, el gobierno estatal ha activado un esquema de atención interinstitucional. Por instrucción del gobernador Joaquín Díaz Mena, el Indemaya ha brindado acompañamiento social, asesoría legal y apoyos económicos. De manera inédita, también se otorgaron recursos a viudas de migrantes y a paisanos deportados para que puedan emprender negocios, como una vía de reinserción económica.
Más mujeres en el flujo de deportaciones
El perfil de las personas deportadas ha cambiado. Aunque los hombres siguen siendo mayoría, la presencia femenina ha crecido de manera sostenida. En 2014, fueron deportadas 62 mujeres yucatecas, lo que representó el 9.2% del total; para 2024, la cifra aumentó a 107 mujeres, equivalente al 22%. El año con más mujeres repatriadas fue 2022, con 110 casos, mientras que el más bajo se registró en 2016, con 23.
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Este aumento sugiere que la migración yucateca ya no responde únicamente a patrones masculinos de empleo, sino también a estrategias familiares, reunificación y búsqueda de ingresos encabezadas por mujeres.
La niñez, el rostro más vulnerable
Uno de los datos más sensibles es la deportación de niñas, niños y adolescentes. En la última década, 128 menores yucatecos fueron repatriados desde Estados Unidos. De ellos, una proporción significativa realizó el trayecto sin compañía adulta.
Entre los adolescentes de 12 a 17 años, 70 viajaban solos, mientras que 25 lo hacían acompañados. En el grupo de menores de hasta 11 años, cinco cruzaron sin acompañante y 27 con un adulto. El 2024 marcó el punto más alto de la década, con 31 menores deportados, mientras que el nivel más bajo se registró en 2018, con solo dos casos.
Aunque las cifras de Yucatán son menores en comparación con estados fronterizos, el fenómeno confirma que la migración sigue siendo una constante y que el retorno forzado tiene costos sociales, económicos y emocionales.
El desafío para el estado no se limita a recibir a quienes regresan, sino a garantizar condiciones reales de reinserción, empleo y atención emocional para personas que, en muchos casos, llevan años fuera de su lugar de origen.
