El robo de combustible dejó de ser un delito marginal en Yucatán para convertirse en una señal de alerta para las autoridades federales. Durante el 2025, la entidad registró el mayor crecimiento porcentual del país en delitos cometidos en materia de hidrocarburos, un fenómeno que también comienza a mostrar signos de expansión en Campeche y Quintana Roo.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), basadas en reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), Yucatán pasó de apenas dos denuncias por huachicol en el 2024 a 20 carpetas de investigación abiertas al cierre del 2025, lo que representa un incremento real del 900% en un solo año. Ninguna otra entidad del país registró un aumento proporcional similar en ese periodo.
El crecimiento no es aislado. Si se compara con 2023 -último año completo de la administración anterior-, cuando se iniciaron seis investigaciones por robo de combustible, el aumento acumulado en dos años es de 233.3%, confirmando una tendencia sostenida al alza.
Aunque el número absoluto de denuncias aún es bajo frente a estados históricamente afectados por el huachicol, como Hidalgo, Puebla o Guanajuato, la velocidad del crecimiento coloca a Yucatán como un nuevo punto de interés para las redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos, particularmente por su ubicación estratégica en la Península y su infraestructura carretera y portuaria.
A este repunte se suma el volumen de aseguramientos. En el 2024, Yucatán cerró como el primer lugar nacional en decomisos de combustible robado, con más de un millón de litros incautados, cifra que sorprendió incluso a autoridades federales. En el 2025 los operativos permitieron asegurar al menos 588 mil litros adicionales, y en lo que va del 2026 ya se superan los 400 mil litros, lo que confirma que la actividad no ha sido contenida.
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El fenómeno no se limita a Yucatán. En Campeche, la Guardia Nacional y la FGR localizaron y aseguraron 33 mil litros de combustible, presuntamente robado, en un predio oculto en zona selvática, junto con equipos y artefactos usados en la extracción y distribución ilegal de combustible. Este hallazgo pone de relieve que el delito no se limita a perforaciones en ductos, también involucra almacenamiento clandestino y logística de distribución en regiones apartadas de la entidad.
En Quintana Roo, los indicadores oficiales de tomas clandestinas no lo posicionan en los primeros lugares de delitos de hidrocarburos, pero existen reportes de obras irregulares que han sido detectadas y que muestran la presencia de rutas de tráfico y almacenamiento ilegal en zonas turísticas y urbanas, un fenómeno consistente con la tendencia nacional de diversificación del huachicol hacia formas menos visibles y más complejas de comercialización ilícita.
Especialistas advierten que el huachicol ha evolucionado: ya no depende únicamente de perforaciones ilegales a ductos, sino de redes de almacenamiento, transporte y comercialización que operan con menor visibilidad, lo que complica su detección y persecución penal.
El Reporte de Incidencia Delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que las denuncias por delitos en materia de hidrocarburos en México aumentaron 41% en el 2025 respecto al 2024, pasando de 6 mil 715 a 9 mil 467 carpetas de investigación, una señal de que este tipo de ilícitos sigue activo pese a las acciones oficiales contra el robo de combustible tradicional y fiscal.
