Tres personas deberán reforestar dunas costeras afectadas en el puerto de Sisal durante un periodo de tres años, además de difundir mensajes de concientización ambiental, como parte de un acuerdo reparatorio aprobado por un juez federal en Yucatán.
La medida fue autorizada en una audiencia de suspensión condicional del proceso, en la que el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal avaló una solución alterna para Jorge “N”, Felipe “N” y José “N”, imputados por un delito contra la biodiversidad en la modalidad de daño a especies de flora amenazadas.
Reforestación y campañas ambientales obligatorias
Como parte del acuerdo, los imputados deberán repoblar con plantas forestales las zonas de dunas dañadas mediante jornadas laborales semanales. Asimismo, estarán obligados a elaborar y difundir videos de concientización sobre el impacto del daño ambiental y sus consecuencias, los cuales deberán compartir a través de sus redes sociales personales o de familiares.
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Además, deberán mantener su residencia actual, contar con un empleo lícito y presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) será la encargada de proporcionar los guiones para los materiales de sensibilización.
Denuncia y proceso federal por daño a dunas
El caso se originó tras una denuncia presentada en febrero de 2025 por la Profepa ante la Fiscalía Federal en Yucatán, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
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Como parte de las diligencias, se obtuvo una orden de inspección en Sisal, ejecutada con apoyo de la Policía Federal Ministerial, donde se detectó la tumba y desmonte de vegetación en dunas costeras sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Justicia restaurativa y protección ambiental
En septiembre de 2025, el fiscal federal presentó pruebas suficientes para que el juez impusiera a los imputados medidas cautelares distintas a la prisión y otorgara un plazo para la investigación complementaria.
La resolución se enmarca en los mecanismos de justicia restaurativa, con el objetivo de reparar el daño ambiental causado en ecosistemas costeros y fomentar la conciencia social sobre la importancia de proteger la biodiversidad en Yucatán.
