La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la vinculación a proceso y la ratificación de prisión preventiva para dos individuos señalados por daños ambientales en los manglares de Sisal. Jorge “N” y José Alfredo “N” enfrentan cargos por desmontar vegetación protegida y violar sellos de clausura en terrenos ganados al mar que fueron lotificados y vendidos sin permisos.
El caso se originó tras las denuncias presentadas por Profepa ante la Fiscalía General de la República (FGR), que investigó la destrucción ilegal de manglar botoncillo —una especie protegida— y otras formas de vegetación costera en tres áreas específicas de Sisal, que suman cerca de 37 mil 784 metros cuadrados dañados entre febrero y marzo de 2025.
Mariana Boy Tamborrell, procuradora de Protección Ambiental, enfatizó la gravedad de estas acciones que afectan uno de los ecosistemas más frágiles y vitales del planeta. “Lo que hemos observado en Sisal es una reiterada violación a la normatividad ambiental y a las clausuras impuestas, un delito que no se puede permitir dada la importancia del manglar para la biodiversidad y la protección costera”, afirmó.
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El daño a manglares está contemplado en el artículo 420 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, que señala penas de prisión de dos a 10 años y multas significativas para quienes dañen, desequen o rellenen humedales, manglares, lagunas o esteros sin autorización.
En los meses de febrero y marzo de 2025, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación arbustiva y matorral costero asociadas a una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) que en total suman 37 mil 784 m2, por lo que impuso clausuras y abrió procedimientos administrativos para frenar la comisión de estos ilícitos.
Durante la inspección, las autoridades detectaron que a pesar de los sellos de clausura impuestos por Profepa para detener las actividades ilegales los responsables continuaron desmontando vegetación y procedieron con la lotificación y venta de terrenos, ignorando las normas ambientales y sin contar con concesiones para la construcción en la Zona Federal Marítimo-Terrestre —que es propiedad de la nación y está protegida por ley.
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Para atender el conflicto, se establecieron mesas de diálogo entre autoridades municipales, estatales, la Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los habitantes locales. En estas reuniones se planteó la búsqueda de alternativas para la construcción de viviendas que no afecten el ecosistema. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las acciones ilegales continuaron, evidenciando la necesidad de una vigilancia más estricta y la aplicación contundente de la ley.
Este caso pone en el foco la importancia de proteger los manglares en Yucatán, ecosistemas que cumplen funciones vitales para la conservación de la biodiversidad, la protección contra la erosión costera y el equilibrio ambiental. La lucha contra la destrucción ilegal de estos espacios es crucial para preservar el patrimonio natural y garantizar un desarrollo sostenible para las comunidades costeras.
