La colocación de una reja de madera sobre la calle 4, en la zona veraniega del puerto de El Cuyo, utilizada desde hace años por habitantes y visitantes como acceso a la playa, desató inconformidad y una intensa polémica entre la población ante el temor de que se pretenda privatizar un paso tradicional hacia la costa.
Ante el revuelo generado por el caso, ayer se llevó a cabo una asamblea comunitaria de carácter extraordinario, con la participación de habitantes de la localidad, autoridades municipales, ejidales y miembros del Comité Comunitario de El Cuyo, con el objetivo de analizar la situación y establecer acciones para defender el acceso público de la calle 4.
Durante la reunión, los pobladores manifestaron que este espacio ha sido utilizado históricamente como una vía de acceso público y forma parte de la movilidad cotidiana de la comunidad desde hace varias décadas.
Asimismo, representantes del ejido señalaron que no existe conocimiento de antecedentes o registros agrarios que acrediten la venta, cesión o desincorporación de dicha vía como parte del patrimonio comunitario.
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Los habitantes exigieron a las autoridades esclarecer la situación jurídica de esta vereda y determinar si realmente pertenece a un predio particular o corresponde a una vialidad pública, además de solicitar la intervención de las instancias competentes para brindar certeza legal a todas las partes involucradas.
Algunos pobladores plantearon retirar el cercado, al considerar que ningún particular debe impedir el acceso a un espacio que durante años, ha sido utilizado por la comunidad. Recordaron además que las playas son bienes de uso público, por lo que pidieron evitar cualquier acción que pudiera limitar el paso hacia la costa.
Sin embargo, otros ciudadanos hicieron un llamado a la prudencia y señalaron que antes de emitir juicios es necesario conocer la documentación que respalda la propiedad del terreno. Explicaron que, si el predio pertenece legalmente a un particular y nunca fue delimitado, el uso constante por parte de los habitantes pudo generar la percepción de que se trataba de una calle pública.
Durante la asamblea, los asistentes coincidieron en que corresponde al Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) proporcionar la información y documentación oficial que permita esclarecer el estatus jurídico del predio y garantizar certeza legal.
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Como parte del análisis jurídico y social, se recordó que El Cuyo forma parte de un pueblo originario maya, cuyos derechos colectivos están reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la libre determinación, la conservación del territorio y la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que impactan su vida comunitaria.
Tras el diálogo y la deliberación colectiva, la asamblea aprobó por mayoría emprender acciones para la defensa del acceso público de la calle 4, privilegiando la organización comunitaria, el respeto a los usos y costumbres, la participación ciudadana y el acompañamiento de las autoridades correspondientes.
El Comité Comunitario de El Cuyo informó que las acciones acordadas estarán enfocadas en proteger los espacios de uso común, preservar el derecho al libre tránsito y defender el territorio comunitario mediante mecanismos pacíficos, organizados y sustentados en el marco jurídico vigente.
Asimismo, reiteraron su disposición para mantener un diálogo abierto con las instituciones competentes y solicitar la revisión legal y administrativa del caso, con el propósito de garantizar certeza jurídica y respeto a los derechos colectivos de la población.
La asamblea concluyó con un llamado a la unidad, la participación responsable y la defensa organizada del patrimonio comunitario, al señalar que las decisiones tomadas responden al interés general de los habitantes de El Cuyo y a la protección de los espacios que históricamente han sido utilizados por la localidad.
“La defensa del territorio, de los espacios públicos y de los derechos colectivos es una responsabilidad compartida que fortalece la identidad, la historia y el futuro de nuestro puerto”, concluyeron y puntualizaron que sus acciones se centran en la defensa del territorio, la participación ciudadana y el bien común.
