Yucatán / Mérida

Santa María Chi continúa en incertidumbre tras la clausura de la granja porcícola

Vecinos de la comisaría de Santa María Chi en Mérida desconocen el paradero de los cerdos.
En Santa María Chi afirman que los cerdos de la granja recién clausurada no han sido reubicados
En Santa María Chi afirman que los cerdos de la granja recién clausurada no han sido reubicados / Por Esto!

La incertidumbre no se disipa en Santa María Chi. Ni el comisario, ni los pobladores, ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) conocen el destino real de los cerdos de la granja recién clausurada en la comisaría de Mérida.

Para aumentar la incertidumbre, la empresa responsable no ha informado sobre cuántos animales se trasladaron ni a qué localidades, lo que genera fuertes sospechas de que la orden de clausura definitiva emitida por la Profepa no esté siendo cumplida con total transparencia.

Tras la clausura definitiva de la granja porcícola que por años provocó afectaciones ambientales y de salud, los pobladores aseguran que siguen conviviendo con cientos de cerdos dentro del complejo, animales que continúan excretando y contaminando el subsuelo.

“Lo preocupante para nosotros es qué va a pasar con el agua de los pozos, de qué manera van a resarcir el daño. No sirve de nada que hablen de sanear si el foco de contaminación sigue aquí”, expresó a POR ESTO! Wilberth Nahuat, comisario municipal, quien además denunció que ninguna autoridad estatal o federal se ha reunido con la comunidad para definir los siguientes pasos.

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La clausura definitiva de la empresa Pecuaria Peninsular fue impuesta el 9 de septiembre tras comprobarse que incumplía al menos siete medidas correctivas, entre ellas descarga ilegal de aguas residuales y manejo inadecuado de lodos.

Esta resolución culminó años de protestas y denuncias de la comunidad, que desde 2021 había alzado la voz por contaminación, quemas de estiércol y enfermedades en la población local

¿A dónde irán?

La mayor inquietud gira en torno al destino de los animales. Los vecinos temen que sean trasladados a otra localidad, incluso a la Reserva Cuxtal, que alimenta de agua a Mérida, y que el problema simplemente se repita en otro punto de Yucatán.

“Lo que buscamos es que estas anomalías no se presenten más en ninguna parte del estado, porque este modelo de granjas ya ha sido una amenaza constante para decenas de comunidades mayas”, subrayó Nahuat.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) afirmó que el retiro de los cerdos ya está en marcha, pero reconoció que no sabe cuántos ejemplares permanecen en el sitio ni a qué municipios están siendo enviados.

“No se trata de reubicar la granja, sino a los cerdos. No podemos dejarlos ahí porque eso generaría un problema de salud más grave. Sin embargo, la logística corre a cargo de la empresa y la Profepa”, declaró Neyra Silva Rosado, titular de la SDS.

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Sin transparencia

El traslado, explicó, se hace de forma gradual y bajo vigilancia ambiental. Sin embargo, los pobladores sienten que el proceso carece de transparencia. A la par, denunciaron que, tras la clausura, inmobiliarias han llegado con maquinaria para lotificar tierras cercanas, lo que incrementa la sospecha de que la clausura podría abrir paso a un nuevo conflicto social y territorial.

“Tememos que todo haya sido otra obra de teatro”, advirtió el comisario. Mientras tanto, los sellos de clausura siguen puestos, pero los cerdos continúan dentro, y la contaminación del agua permanece como herida abierta para Santa María Chi.

Disputa añeja

El conflicto en esta comisaría meridana tiene antecedentes que remontan años de lucha comunitaria. En 2021 comenzaron las denuncias públicas y protestas vecinales contra la megagranja porcina por contaminación del agua, olores y descargas ilegales.

En 2023, los habitantes denunciaron quemas de estiércol durante semanas, lo que generó enfermedades respiratorias y llevó a bloquear el acceso a la granja como forma de protesta. Ese mismo año, organizaciones locales apoyaron a la comunidad para interponer amparos y elevar denuncias ante autoridades federales.

Finalmente, el 9 de septiembre de 2025, la Profepa impuso la clausura total y definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular por incumplimiento de medidas correctivas, descarga de aguas residuales sin permiso y manejo inadecuado de lodos.

A partir de esa fecha, se ordenó desmantelar las instalaciones, realizar estudios de daño ambiental y proceder al retiro de los animales, pero hasta el momento la comunidad sigue sin certezas.