La unidad municipal encargada de protección animal en Mérida prevé cerrar 2025 con más de 800 reportes atendidos por maltrato animal, una señal de que este problema ha ganado visibilidad en los últimos meses.
Según explicó en exclusiva a este medio el subdirector de la dependencia, Unidad de Protección Animal de Mérida (UPA), Gerardo Cáceres Esquivel, la cifra es resultado de un promedio diario cercano a 15 reportes que se reciben por llamadas ciudadanas, lo que evidencia un creciente compromiso de la sociedad meridana con el bienestar de sus mascotas, sobre todo perros y gatos.
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Cada vez que llega un reporte, la UPA busca identificar al tutor del animal para entablar un diálogo, hacer un exhorto y brindar orientación sobre tenencia responsable. Si no es posible localizar a un dueño –por ejemplo, cuando los animales están abandonados–, las mascotas pueden ser trasladadas al refugio municipal, donde reciben atención, cuidados y, eventualmente, pueden ser promovidas para adopción.
Cáceres Esquivel aclara que, tras una recomendación, se otorgan tres días para corregir las condiciones denunciadas (falta de alimento, agua, techo, atención veterinaria, etc.). Si no se corrigen, el caso puede derivar en sanciones, que van desde servicio social, cursos de concientización, multas económicas o incluso denuncias ante la autoridad correspondiente.
Qué dice el Código Penal
Este fortalecimiento en la atención coincide con modificaciones recientes en la legislación local. En el estado de Yucatán, los actos de maltrato o crueldad contra animales domésticos están tipificados en el Código Penal del Estado de Yucatán y en la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán.
De acuerdo con el artículo 408 del Código Penal, quien maltrate a un animal sin poner en peligro su vida puede ser sancionado con entre 3 meses y 1 año de prisión y una multa económica que va de 50 a 100 días-multa.
Si el daño implica peligro para la vida del animal o causa una lesión grave, la pena puede incrementarse hasta un 50%. En los casos más graves –cuando el maltrato provoca la muerte de la mascota– la sanción prevista en el artículo 409 es de 6 meses a 2 años de prisión, más una multa de 200 a 400 días-multa.
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Por otra parte, la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán prevé sanciones administrativas –independientes del ámbito penal– cuando se detectan violaciones a sus disposiciones.
Estas sanciones pueden incluir amonestaciones por escrito, multas desde veinte hasta cien mil unidades de medida y actualización (UMA), arresto administrativo de hasta 36 horas y el decomiso temporal o definitivo del animal. En casos de tortura, maltrato reiterado o abandono crónico, la sanción puede alcanzar multas de hasta veinte mil unidades de medida (según la gravedad) y decomiso permanente del animal.
Aplican sanciones
Para el municipio de Mérida, estas disposiciones cobran relevancia con la implementación de sanciones que ya se están haciendo efectivas este año. A través de la UPA, se han iniciado procesos de multa contra dueños de mascotas que incumplen normativas de bienestar, traslado de animales hacia refugios y, en algunos casos, denuncias ante la autoridad judicial.
Para Cáceres Esquivel, el creciente número de reportes y denuncias no sólo refleja una labor más activa de la autoridad, sino también una sociedad que comienza a reconocer a las mascotas como parte importante del núcleo familiar.
“Vemos que la conciencia ciudadana va creciendo; cada vez hay más personas que entienden que tener un animal implica responsabilidad, cuidados y respeto”, afirma.
Con la Ley más estricta –denominada en algunos medios como Ley Rufo– y el fortalecimiento de la UPA, Mérida apuesta a que el cuidado animal deje de ser una opción y se convierta en una obligación social.
