El suelo kárstico de Yucatán, caracterizado por su alta porosidad, permite que los contaminantes lleguen directamente al acuífero, situación que se agrava por el crecimiento urbano desordenado, advirtió el ambientalista Miguel Ángel Guillermo Amador.
Explicó que la filtración de residuos ocurre de manera constante debido a la falta de sistemas adecuados de drenaje, lo que provoca que los pozos acumulen aguas contaminadas. “Todo se filtra”, enfatizó, al detallar que la tala de vegetación acelera este proceso y deteriora aún más el equilibrio del ecosistema.
Dijo el especialista que el crecimiento de la ciudad impacta directamente en la capacidad de recuperación del acuífero. Aunque en la entidad existe disponibilidad de agua, subrayó que no hay una cultura de cuidado ni orden en su uso, lo que agrava el problema.
Como dato relevante, precisó que la mancha urbana pasó de 15 mil hectáreas en el 2019 a 34 mil en el 2023, lo que representa un incremento superior a las 15 mil hectáreas en apenas cuatro años, reflejo de un desarrollo sin planeación.
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Advirtió que este crecimiento desorganizado también deriva en ciudades poco aptas para el peatón, además de generar presión sobre los recursos naturales. Por eso dijo que en Mérida destacan dos industrias con fuerte impacto: las granjas y el sector inmobiliario.
No obstante, señaló que ambas pueden operar de manera sustentable si se implementan medidas de prevención, tratamiento de residuos e inversión tecnológica adecuada. “El problema es que no existe capacidad de prevención; se actúa cuando el daño ya está hecho”, apuntó.
El especialista alertó que la contaminación del acuífero no sólo afecta al medio ambiente, sino también a la salud pública, ya que se han detectado compuestos que pueden provocar enfermedades, principalmente gastrointestinales.
Asimismo, destacó que gran parte de la población desconoce sus derechos en materia ambiental. Entre ellos, mencionó el derecho a un medio ambiente sano, establecido en el artículo 4 constitucional, así como el Convenio 169 de la OIT, que obliga a realizar consultas libres, previas e informadas a comunidades sobre proyectos que impacten su territorio.
Consideró que, aunque el daño ambiental ya es significativo, aún es posible mitigar sus efectos.
