Tras la advertencia de una posible emergencia sanitaria por la contaminación del agua en Yucatán, autoridades estatales aceleran acciones: el Gobierno del Estado implementará un protocolo de monitoreo para determinar el origen de los contaminantes y anunció que no se otorgarán nuevos permisos para granjas porcícolas.
La secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, informó a POR ESTO! que ya se trabaja en la puesta en marcha del convenio firmado con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El objetivo central es establecer un sistema de monitoreo de la calidad del agua que permita identificar si la contaminación proviene de actividades humanas o del crecimiento de granjas porcícolas y avícolas, y así evitar disputas entre comunidades y empresas sobre la responsabilidad ambiental.
Como parte de esta estrategia, la funcionaria detalló que se realiza un censo estatal de actividad pecuaria y agrícola, mediante el cual se busca integrar un padrón completo de empresas y productores. No obstante, reconoció que los pequeños y microproductores presentan rezagos en su participación, por lo que se les exhortó a colaborar cuando personal debidamente identificado visite sus predios.
En paralelo, la dependencia estatal refuerza la supervisión para que las granjas porcícolas cumplan de manera obligatoria con la NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en cuerpos nacionales.
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Esta normativa contempla parámetros específicos de medición, toxicidad, temperatura, métodos de muestreo y evaluación, así como criterios para la protección de cuerpos de agua, en concordancia con estándares internacionales.
Silva Rosado subrayó que la aplicación estricta de esta norma será clave, por lo que se determinó frenar la autorización de nuevas granjas en el estado hasta garantizar su cumplimiento.
En el caso de la granja porcícola de Santa María Chí, recordó que permanece clausurada y que el retiro total de los animales deberá concretarse a más tardar el 30 de abril.
Sin embargo, habitantes de la comisaría señalan que, hasta ahora, no han observado movimiento para el traslado de los cerdos y aseguran que la granja continúa operando con normalidad, lo que mantiene la preocupación en la comunidad.
Ante este escenario, el reto para las autoridades será no sólo establecer controles, sino garantizar su cumplimiento en campo, en medio de un problema ambiental que se ha convertido en uno de los más sensibles en Yucatán.
