La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una granja porcícola ubicada a unos dos kilómetros de la cabecera municipal de Chocholá, luego de que los responsables del establecimiento impidieron el acceso de inspectores federales que realizarían una diligencia de verificación ambiental.
La visita había sido programada tras diversas denuncias ciudadanas relacionadas con posibles afectaciones al medio ambiente derivadas de la operación del sitio, según informó el colectivo Red de Defensa del Agua y el Territorio Maya.
De acuerdo con el reporte difundido por la organización, el establecimiento –identificado como granja Gary– alberga más de 12 mil cerdos y desde hace varios años ha sido señalado por habitantes de la zona por presunta contaminación del manto acuífero, una fuente de agua que abastece a más de cinco mil personas en la región.
Análisis de laboratorio
Integrantes del colectivo señalaron que en meses recientes realizaron análisis de laboratorio a muestras de agua subterránea tomadas en la zona, cuyos resultados detectaron concentraciones elevadas de bacterias coliformes, microorganismos asociados a contaminación fecal que pueden provocar diversas enfermedades.
A raíz de estos hallazgos, habitantes de la comunidad y organizaciones ambientales solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para investigar las condiciones en que opera la granja y determinar si existen afectaciones al medio ambiente y al suministro de agua.
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Niegan acceso
La clausura ocurrió después de que, durante la diligencia oficial, los inspectores de la Profepa no pudieron realizar la verificación debido a que los responsables del establecimiento negaron el ingreso al personal de la dependencia, lo que derivó en la colocación de sellos de clausura como medida administrativa.
El colectivo también ha planteado la necesidad de establecer controles ambientales más estrictos para las granjas porcícolas que operan en la región, y ha pedido que, en caso de confirmarse daños al entorno o al acuífero, se suspendan definitivamente las operaciones de las instalaciones responsables.
El caso se suma a otros antecedentes recientes en Yucatán relacionados con la industria porcícola. En un hecho previo, autoridades ambientales clausuraron la granja San Gerardo, ubicada en la comisaría meridana de Santa María Chi, después de comprobarse afectaciones por contaminación.
