Yucatán / Sucesos

Presunto fraude inmobiliario en Ixil: hombre habría usado un acta de matrimonio falsa para vender un predio

La FGE imputó a Plutarco E. C. por el presunto uso de un documento falso para concretar la venta de un inmueble en Ixil.

Imputan por presunto fraude inmobiliario a hombre por la venta de un predio en Ixil
Imputan por presunto fraude inmobiliario a hombre por la venta de un predio en Ixil / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló imputación contra Plutarco E. C. por el delito de fraude, en la modalidad de uso de documento falso, relacionado con la presunta venta irregular de un predio ubicado en el municipio de Ixil.

De acuerdo con la causa penal 132/2025, el imputado habría comercializado con la denunciante un inmueble situado en la calle 15 de Ixil, operación que fue formalizada mediante una escritura elaborada ante un escribano público.

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Para concretar la compraventa, presuntamente presentó un acta de matrimonio falsa en la que aparecía bajo el régimen de separación de bienes. Con ello, habría aparentado tener facultades legales para disponer del inmueble por cuenta propia.

Según la investigación de la FGE, en realidad el acusado estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal, por lo que habría requerido el consentimiento de su cónyuge para disponer del patrimonio.

Posteriormente, en junio del 2022, el mismo predio fue cedido en donación a favor de su hija mediante un acto realizado ante notario, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, ocasionó un perjuicio patrimonial a la compradora.

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Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito, con sede en Umán, los fiscales de litigación formularon los cargos y solicitaron la vinculación a proceso.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que la autoridad correspondiente determinó que la situación jurídica del imputado será resuelta en una próxima audiencia.

A solicitud de la Fiscalía, la Juez de Control impuso como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de salir del estado sin autorización judicial, disposiciones que permanecerán vigentes mientras se extienda el proceso penal.