CAMPECHE, Cam., 14 de julio.- La matanza de perros en la capital de Campeche, acaecida el 23 de mayo del presente año, volvió a poner en entredicho el sistema de video-vigilancia arrendado por el Gobierno del Estado por un monto de 116 millones 845 mil 445 pesos y que deberá estar en servicio hasta el 2021, pero que debido a la presunta falta de pago podría estar parcialmente fuera de servicio.
Al respecto, POR ESTO! entrevistó al ex-líder estatal del PRD –único que se atrevió a hablar del espinoso tema- quien aseguró que es muy peligroso e irresponsable que el Gobierno del Estado de Campeche haya dejado en manos de empresas privadas dos servicios tan importantes para la seguridad pública: la video-vigilancia y los vehículos policiales.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas recibió participaciones federales de forma indiscriminada, por lo que el ahora ex titular del Ejecutivo Estatal se permitió adquirir, bajo el esquema de arrendamiento, patrullas y el servicio de video-vigilancia.
Según se pudo investigar, durante los años 2017 y 2018, el Gobierno del Estado pudo responder a las exigencias del contrato plurianual por el arrendamiento de plataforma de gestión de video VMS, sin embargo, al iniciar el nuevo Gobierno Federal y endurecerse las medidas de fiscalización y los mecanismos para la ministración de los recursos -sobre todo en aquellos casos en los que los gastos no están plenamente justificados- el Gobierno del Estado no ha encontrado la forma para pagar oportunamente a sus proveedores consentidos.
Fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM) reconocieron la existencia de fallas en algunos de los sectores, ya que dependen casi totalmente del servicio de reparaciones y mantenimiento que ofrece el arrendatario.
Tácitamente, la fuente reconoció que el sistema de video-vigilancia podría no estar funcionando al 100 por ciento, desconocen cuál es la causa, aunque se presume que podría ser la falta de pago, tal y como ocurrió con el contrato de arrendamiento de patrullas policiales entre el Gobierno del Estado de Campeche y la empresa Servicios Arrendadores S.A de C.V.
Al dar su opinión sobre el convenio plurianual –firmado el 27 de marzo- entre Interconecta, S.A. de C.V. y el Gobierno del Estado de Campeche, que consiste en la instalación de 105 videocámaras en 32 puntos de la Ciudad de Campeche; 92 en 30 puntos de Ciudad del Carmen, 12 en cuatro puntos de Champotón y 12 en cuatro puntos de Escárcega.
El ex-líder estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ismael Canul Canul, opinó que no se ve por ningún lado la utilidad de contar con este oneroso sistema de video-vigilancia, que técnicamente no pertenece a las instituciones de Seguridad Pública y de la que no se tiene ni siquiera el control absoluto.
Sistema muy peligroso: PRD
“El esquema de contratación y subcontratación fue expuesto por los gobiernos neoliberales como la solución a las necesidades de algunos sectores del servicio público y como la posibilidad de generar economía y empleos, sin embargo, nunca se pensó en las consecuencias negativas, principalmente el hecho de que este tipo de esquema facilita la opacidad y la posibilidad de corruptelas.
“De esta forma se ha podido atestiguar que productos o servicios que costaban 10 pesos, los contratistas lo vendían o venden al Gobierno en 100. La contratación, incluidos los arrendamientos, significan una enorme sangría para el Gobierno y por qué no decirlo, ese esquema también infestó a los partidos políticos, mismos que en la actualidad prácticamente carecen de patrimonio”, dijo Canul Canul.
Grave lo que ocurre
en Seguridad Pública
Para el conocido perredista, resulta sumamente grave que aspectos ligados a la Seguridad Pública dependan de contratistas: “Cómo es posible que el Gobierno del Estado no tenga dinero para comprar sus propias patrullas. No se puede ser irresponsable.
En algunas comunidades de Champotón hemos podido observar que hay camionetas al servicio de Seguridad Pública que fueron adquiridas en sexenios anteriores y aún están funcionando, pero no ha sido por iniciativa de los gobiernos estatal o municipal, sino porque la gente de las comunidades las ha cuidado.
No es posible que cada sexenio se tenga que renovar totalmente el parque vehicular o que se tenga que depender de un arrendador de vehículos para poder motorizar a nuestra policía, pues luego resulta, como en el caso de Ciudad del Carmen, que la empresa retira las patrullas por incumplimiento de contrato, quedándose gran parte de la población a merced de la delincuencia”, opinó el entrevistado.
Consideró también que los sistemas de gestión de video o de video-vigilancia no pueden estar bajo el control de civiles, tal y como está precisado en el contrato firmado entre el Gobierno del Estado y la empresa Interconecta S.A. de C.V., pues se corre el riesgo de que el proveedor suspenda o limite el servicio, en un asunto que es de interés público.
Lo que resulta peor es que, en el caso del servicio de video-vigilancia, se corre el riesgo de que éste pueda ser infiltrado y la información usada para fines no lícitos. Considero que todo lo que tenga que ver con el tema policial y de procuración de justicia es muy delicado y que hay algunas áreas que no pueden dejarse en manos de la iniciativa privada”, opinó Canul Canul.
Videovigilancia: casi dos
millones de pesos al mes
Interconecta cobra desde el 2017 un millón 900 mil 544 pesos al mes, al Gobierno del Estado de Campeche, por el arrendamiento de cámaras e infraestructura de videovigilancia. En total la inversión en este rubro asciende a 116 millones 845 mil 445.12 pesos, mismos que serán pagados con el dinero de los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
A todas luces, el contrato firmado con Interconecta S.A. de C.V. resulta bastante oneroso para los contribuyentes campechanos, sobre todo, porque no ha contribuido prácticamente en nada para disminuir la incidencia delictiva en los sitios donde el servicio fue instalado.
“La pregunta que nos debemos de hacer es: ¿para qué sirve el servicio de video-vigilancia? ¿No será que está siendo mal utilizado o únicamente sirve para que los funcionarios vigilen a sus enemigos políticos.
“Solamente hay que darse cuenta que la reacción de la Policía en los sitios más vigilados de Campeche es lento y que únicamente cuando fue puesto en marcha se exhibieron las bondades de la video-vigilancia. Resultaría muy grave que se haya adquirido en renta equipos tan costosos que estén siendo usados para espiar al ciudadano y no para combatir a la delincuencia o prevenir delitos”, puntualizó Canul Canul.