HOPELCHEN, Cam., 28 de julio.- La Ley Federal de Extinción de Dominio es un instrumento para frenar ilícitos, ya que permite que el Estado asuma la propiedad de bienes adquiridos ilícitamente o por conductas de cualquier individuo como lo son la delincuencia organizada y la corrupción.
Afirmó lo anterior el diputado federal Carlos Martínez Aké, asegurando que ésta no será una herramienta política para inhibir la crítica social y esta ley será aliada del Gobierno de la Cuarta Transformación que puede recuperar bienes y recursos para ser utilizados en la infraestructura social o para incrementar el número de beneficiados de los programas sociales.
Somos testigos que hay servidores públicos que se enriquecen de manera desmedida, grosera e insultante que no va de acuerdo a las percepciones de un funcionario por muy bien que este pueda llegar a ganar, no puede tener ranchos de millones de pesos, hoteles, otras propiedades y cuentas en el extranjero.
Cuando se comprueba que estos recursos se obtienen de manera ilícita, transgrediendo la ley, por actos de corrupción o aceptando sobornos y se comprueba mediante un procedimiento judicial los bienes y recursos serán del Estado para que la renta o el usufructo sirva para impulsar proyectos prioritarios para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Reconoció que existen leyes sobre el tema, pero éstas no han sido eficaces ni eficientes en su aplicación y es por ello que se aprueba la Ley de Extinción de Dominio para que surta los efectos legales que permitan incrementar los recursos asegurados, ya que en México según estimaciones se recuperaron 20 mil millones de pesos cuando en otros países, como El Salvador, recuperó el equivalente a 100 mil millones de pesos, lo que sin duda alguna es un duro golpe contra la corrupción y la impunidad.
Lástima el conocer cómo se incautan bienes y recursos a narcotraficantes y otros transgresores de la ley y no se sabe qué fin tuvieron ni dónde están.
“Ahora las cosas están cambiando, hay subastas y se transparenta el destino de esos recursos”. Negó que esta ley sea un instrumento político para ablandar a los opositores, ya que quien nada debe, nada teme; por ello no se comprende cómo es posible que algunos legisladores se opongan a esta ley.
En este sentido remarcó que si un servidor público se conduce con honestidad y rectitud no habrá ninguna ley que pueda ser utilizada en su contra, quienes se duelen de los alcances de esta ley son aquellos que han cometido actos de corrupción o incurrido en algún ilícito y por ello temen que se les quiten las fortunas amasadas, lastimando al pueblo de México, concluyó.
(Jorge Alberto Uc Moreno)