Pescadores de esta comunidad costera manifestaron su preocupación ante la reciente prohibición de almacenar combustible para sus embarcaciones, luego de que autoridades los acusaran de presunta venta ilegal de hidrocarburos, a pesar de que, según explican, el combustible es adquirido legalmente en la cabecera municipal y transportado para el consumo diario en sus lanchas.
La situación ha generado inquietud entre los permisionarios, quienes aseguran que la medida representa una represión sin precedentes en la región, y que podría estar relacionada con las manifestaciones recientes en las que exigieron mayor vigilancia en sus litorales ante la pesca ilegal y la necesidad de proteger las especies marinas.
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Los pescadores explican que, debido a la distancia de más de 80 kilómetros entre Isla Arena y la cabecera municipal, es inviable abastecer las embarcaciones directamente, por lo que están acostumbrados a transportar entre 50 y 100 litros para garantizar sus jornadas de pesca. Sin embargo, esta práctica ha sido interpretada por el gobierno como “huachicol”, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad.
Ante el temor de cateos injustificados y posibles sanciones, los pescadores —entre ellos Esteban y Hugo Narváez, así como Ramiro Chan Correa— hicieron un llamado a la secretaria general de Gobierno, Liz Hernández, para que se acerque a dialogar directamente con los hombres de mar y se evite criminalizar una práctica que consideran parte esencial de su trabajo diario.
La comunidad ha convocado a una reunión a nivel pueblo para definir estrategias que les permitan defender sus derechos y evitar caer en provocaciones. Reiteran que el combustible que utilizan es para sus embarcaciones de trabajo, y que no existe ninguna intención de comercializarlo de forma ilegal.
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