Quien no solvente, quien no compruebe y quien no pueda justificar el uso del recurso asignado, deberá enfrentar consecuencias jurídicas, afirmó, el diputado presidente del Congreso del Estado de Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al confirmar que el Poder Legislativo ya recibió los primeros informes individuales relacionados con la cuenta pública 2024, donde se detalla el uso del recurso público ejercido por los entes fiscalizados durante el año en curso, sin embargo, en febrero llegará la segunda parte de la información y, adicionalmente, se sumarán los reportes finales de los municipios y reiteró que este poder, no encubrirá ni protegerá a nadie, por lo que la tarea de la Auditoría deberá llegar hasta las últimas consecuencias, ya sea en el Tribunal de Justicia Administrativa o en la Fiscalía Anticorrupción, según correspondan los hallazgos y las faltas detectadas.
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Indicó que en este proceso fiscalizador, recientemente el Congreso también recibió las cuentas públicas finales correspondientes a 2023, las cuales serán analizadas en las próximas semanas para revisar si cada institución pudo solventar las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado.
Recordó que el dinero público es un recurso sagrado que debe ejercerse con total transparencia, y que el compromiso de su bancada y del Congreso es no permitir que el tema se convierta en instrumento político ni de persecución, sino hacer valer la ley con claridad, por lo que, quien no solvente, quien no compruebe y quien no pueda justificar el uso del recurso asignado, deberá enfrentar las consecuencias jurídicas.
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Referente al tema de recursos, aprovechó para referirse sobre la iniciativa aprobada recientemente en el Congreso, mediante la cual se busca que existan lineamientos específicos, uniformes y obligatorios para todos los municipios, respecto a la transferencia y comprobación de los recursos que se otorgan a juntas municipales, comisarías y agencias.
Mencionó que actualmente cada ayuntamiento aplica reglas distintas, algunos entregan puntualmente lo que reciben del estado, otros entregan menos, otros lo hacen tarde, y otros exigen diferentes requisitos para comprobar los gastos, lo que coloca a estas autoridades auxiliares en clara desventaja y provoca afectaciones directas en los servicios que reciben las comunidades.
Jiménez Gutiérrez, aterrizó el tema a Carmen y dijo que en juntas municipales como Atasta, Mamantel y Sabancuy se han documentado casos donde personal trabaja sin recibir un pago que alcance siquiera el salario mínimo, lo cual es ilegal.
Señaló que los primeros responsables de los servicios públicos en los territorios son precisamente estas autoridades auxiliares, y es absurdo que se les trate como instancias secundarias, cuando la ciudadanía exige resultados a nivel de comunidad.
Por ello, insistió en que se requieren lineamientos claros para que haya una ruta uniforme que determine cómo usar, cómo comprobar, y cómo entregar los recursos sin discrecionalidad.
El legislador puntualizó que se solicita a la Secretaría de Finanzas que en un plazo de 15 días entregue un informe con el detalle de cuánto recurso han recibido sus juntas municipales por parte de cada ayuntamiento.
Destacó que el municipio de Carmen es el que más apoyo ha destinado a sus juntas en comparación con los demás, pero aun así, existen zonas donde todavía se reportan condiciones precarias y sin certeza de continuidad financiera.
Indicó que esta información será fundamental cuando inicien las comparecencias municipales y la revisión de proyectos de ingresos, porque se cuestionará directamente a cada autoridad sobre su política de apoyo a juntas, agencias y comisarías.
Finalmente, Antonio Jiménez adelantó que ya se está analizando reformar la Ley Orgánica de los Municipios para que exista una obligatoriedad expresa y no quede a discreción de cada alcalde, pues las comunidades más pobres son las principales afectadas cuando una junta municipal no cuenta con recursos suficientes, y por ello, el Congreso tiene el deber de corregir las reglas para garantizar que la política social de atención cercana realmente llegue a los territorios más apartados.
Reiteró que la transformación del estado se construye desde abajo, desde los pueblos, y que ningún esquema de gobierno funcionará si las autoridades auxiliares siguen operando sin recursos, sin reglas claras y sin respaldo institucional.
