La Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó atención a 28 trabajadores de la empresa Gobierno Verde y Digital (Goverdi), concesionaria de los servicios públicos en el municipio de Campeche, quienes acudieron para recibir asesoría tras ser despedidos de manera injustificada, informó la subsecretaria del Trabajo, Nayeli Heredia Caamal.
Durante la atención, además del personal de la dependencia estatal, estuvo presente un representante del Centro de Conciliación Laboral (Cencolab), quien explicó a los extrabajadores el procedimiento a seguir para presentar la denuncia, así como los documentos requeridos.
También se les proporcionó un cálculo estimado de la liquidación correspondiente, basado en el salario y la antigüedad que cada uno tenía en la empresa, la cual obtuvo la concesión para brindar servicios públicos en lugar del Ayuntamiento de Campeche.
Heredia Caamal reveló que, tras una reunión sostenida hace aproximadamente 15 días, algunos extrabajadores decidieron contratar abogados particulares, en estos casos, la Procuraduría del Trabajo ya no puede representarlos directamente, por lo que el proceso continuará como un litigio privado.
En cuanto a quienes optaron por seguir el procedimiento jurídico con el respaldo de la autoridad laboral, ya se han tenido los primeros acercamientos con representantes de la empresa concesionaria, quienes manifestaron su disposición para pagar las liquidaciones correspondientes. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de conciliación, en espera de que se defina la fecha para concretar los acuerdos de pago entre patrones y empleados.
La funcionaria advirtió que los trabajadores tienen un plazo máximo de 60 días para presentar su demanda laboral; de no hacerlo dentro del tiempo establecido por la legislación, perderán el derecho a reclamar la indemnización por despido arbitrario.
Finalmente, exhortó a quienes aún no han acudido a las instalaciones de la Procuraduría del Trabajo o del Cencolab a que lo hagan, con el fin de recibir asesoría jurídica y conocer el procedimiento legal para exigir su liquidación conforme a derecho.
Los trabajadores que denunciaron los despidos estiman que entre 80 y 100 personas fueron cesadas y además indicaron que muchos jóvene