Con el objetivo de construir la primera Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Campeche, el Congreso Local realizó la primera consulta ciudadana en la que fueron presentadas dos iniciativas, una impulsada por el Poder Ejecutivo y otra por el Poder Legislativo, ambas enriquecidas con las aportaciones de personas autistas, familias, colectivos, especialistas e instituciones.
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La propuesta del Poder Ejecutivo, presentada por Paola Bautista Gómez, del DIF Estatal, plantea una política pública armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La iniciativa se sustenta en cuatro ejes: salud, educación, atención durante todo el ciclo de vida y participación ciudadana, con el propósito de garantizar derechos. Entre sus principales planteamientos destacan la creación de un Registro Estatal de Personas Autistas para generar la primera base de datos epidemiológica, la detección y diagnóstico temprano desde la infancia hasta la adultez, la validación de diagnósticos emitidos por instituciones privadas, acceso coordinado a consultas, terapias y servicios especializados, atención integral en salud mental y general, e impulso a la investigación clínica enfocada en mejorar la calidad de vida.
En materia educativa propone un Manual Estatal de Apoyo para Docentes, un Protocolo Estatal de Actuación Escolar, capacitación permanente para maestros, familias y cuidadores, facilitadores en las aulas, un registro estatal de estudiantes autistas y dos prohibiciones específicas: negar la inscripción en escuelas públicas o privadas por la condición de autismo y permitir o fomentar burlas, discriminación o agresiones contra estudiantes autistas.
Asimismo, contempla atención integral durante todas las etapas de la vida, incluyendo salud sexual, recreación, movilidad, vida independiente, capacitación laboral, inclusión al empleo y participación social, además de mecanismos para denunciar violaciones a derechos humanos y una Comisión Interinstitucional Permanente, encabezada por la Secretaría de Salud, cuyos acuerdos serían obligatorios para todas las dependencias, con responsabilidades definidas, plazos de cumplimiento y previsión presupuestaria.
Por su parte, la iniciativa del Poder Legislativo, presentada por la diputada Ena García García, busca establecer un marco jurídico de protección integral, progresivo y con enfoque de derechos humanos para las personas con autismo. La legisladora destacó que la condición forma parte de la neurodiversidad y consideró que, en una etapa posterior, el Estado deberá ampliar el marco legal para atender otras neurodivergencias.
Entre sus propuestas sobresalen la detección temprana y oportuna, especialmente en comunidades rurales, la creación de una Comisión Intersecretarial permanente para coordinar acciones entre dependencias, un Registro Estatal voluntario, gratuito y confidencial para generar estadísticas que permitan diseñar políticas públicas, atención integral en salud con diagnósticos oportunos, terapias, orientación familiar y campañas de sensibilización.
También plantea fortalecer la educación mediante protocolos de actuación, capacitación docente, manuales de apoyo, registros escolares, incorporación de psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en escuelas públicas y privadas, además de impulsar programas de cultura, deporte, recreación, capacitación, inclusión laboral y permanencia en el empleo, así como combatir prejuicios y estereotipos para convertir la inclusión en una obligación del Estado.
Durante la apertura de la consulta, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso, Antonio Jiménez Gutiérrez, destacó que se trata de la primera consulta ciudadana de este tipo realizada por el Poder Legislativo, con el propósito de que cada propuesta y experiencia se traduca en derechos y en una legislación capaz de transformar la vida de las personas con autismo. Señaló que la política debe servir para mejorar la vida de la población y convocó a que las mesas de trabajo conviertan las ideas en propuestas, las experiencias en derechos y el diálogo en una ley que fortalezca la inclusión, elimine barreras y comprometa a todas las instituciones a construir una sociedad donde nadie quede atrás.
JGH
