La reforma electoral busca construir una nueva legislación “desde cero”, tomando en cuenta la voz de la ciudadanía, afirmó la Consejera Jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy, al presidir la Consulta Ciudadana en Ciudad del Carmen, donde significó que el financiamiento público a los partidos políticos será uno de los puntos centrales de la discusión, pues si queremos una democracia efectiva, no tendría porque ser cara, ya que se trata de lograr equilibrio y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Entrevistada en la Isla, destacó la importancia de que Campeche participe activamente en este proceso, un ejercicio que marca una diferencia con procesos anteriores, en los que las reformas llegaban prácticamente definidas y la participación social era solo simbólica.
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“En otros años el proyecto ya estaba hecho, y solo se simulaba escuchar al pueblo. Hoy se está haciendo desde el principio, escuchando lo que la gente quiere incluir en la reforma electoral”, explicó.
Señaló que el proceso forma parte de los trabajos coordinados entre la Comisión Presidencial y el Senado de la República, y destacó que Campeche tiene una larga tradición de participación democrática, lo que hace valiosa su contribución.
Indicó que en este esquema se continuará sistematizando las propuestas recabadas en las consultas estatales, con la meta de que el proyecto final de reforma electoral refleje verdaderamente el sentir popular antes de ser presentado al Congreso de la Unión. Reconoció que el financiamiento público a los partidos políticos será uno de los puntos centrales de la discusión.
“Queremos una democracia efectiva, pero no necesariamente cara, se trata de lograr equilibrio y transparencia en el uso de los recursos públicos.”
Todas las ponencias recibidas serán sistematizadas y publicadas en el micrositio oficial de la Comisión Presidencial, con la intención de que las conclusiones sirvan como base para la iniciativa final que será presentada ante el Senado de la República, “Estamos construyendo una reforma de gran calado, pero sobre todo una que refleje la voz del pueblo de México”, concluyó Godoy.
Propuestas en Carmen
Dentro de las 20 propuestas públicas presentadas, destacó la necesidad de fortalecer los derechos laborales del personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y actualizar el marco legal para que sus conflictos sean atendidos por los tribunales laborales federales especializados, creados tras la reforma de 2019.
En la ponencia recordaron que el INE es una autoridad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que sus trabajadores gozan de derechos laborales reconocidos por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Actualmente, el artículo 90, fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que los conflictos entre el INE y su personal deben resolverse en la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, la propuesta busca transferir esa competencia a los tribunales laborales especializados, con el objetivo de garantizar procesos más imparciales y transparentes, sin afectar la autonomía ni las funciones constitucionales del INE ni del propio Tribunal Electoral.
Así también, se planteó la necesidad de crear un marco jurídico específico para regular el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos electorales, con el fin de garantizar la equidad, la veracidad de la información y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Advirtieron que, aunque la IA ofrece herramientas valiosas —como la detección de desinformación, la fiscalización automatizada del gasto y la identificación de financiamiento ilícito—, su uso sin regulación puede vulnerar derechos fundamentales y alterar la equidad entre candidatos.
“Debemos garantizar que la tecnología sirva a la democracia. Los algoritmos generativos pueden crear noticias falsas o manipular imágenes y videos, lo que podría incidir en la libertad del voto y en la opinión pública”, explicaron.
La propuesta incluye tres ejes principales: transparencia algorítmica, para que los ciudadanos sepan cuándo un contenido electoral fue generado por IA; responsabilidad directa de partidos y candidatos en el uso de herramientas digitales; supervisión institucional del INE y del Tribunal Electoral para asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, imparcialidad y equidad.
Asimismo, recomendó incorporar estos lineamientos al Reglamento de Elecciones del INE y a los protocolos de tecnologías de la información, tomando como referencia los estándares de la UNESCO, que promueven una inteligencia artificial centrada en el ser humano y en los valores democráticos.
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