Pese a tener un fallo judicial que lo acredita como legítimo propietario de un conjunto de departamentos, José Bonilla López denunció públicamente haber sido víctima de abuso de autoridad, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), permitieron la instalación de cámaras que vulneran su privacidad y sus garantías individuales, dándole las facilidades a un inquilino de monitorear sus actividades y bloquear el acceso del pasillo de servidumbre con un vehículo.
Según dijo, este es un conflicto familiar que mantiene desde hace más de un año por un conjunto de departamentos ubicado en la avenida 10 de julio, el cual, asegura, le pertenece legalmente según un fallo del Juzgado Primero Familiar. El ciudadano relató que tras permanecer ocho meses fuera de su vivienda por presuntas acciones ilegales de un grupo de personas que considera una “asociación delictuosa”, obtuvo una resolución judicial que lo acredita como propietario del inmueble y del pasillo de servidumbre que da acceso a otros departamentos.
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Sin embargo, señaló que ha sido muy complejo haber regresado a su hogar, primero, porque uno de los departamentos que heredó a su hija, se ha convertido en un problema, pues el inquilino ha colocado cámaras de videovigilancia con las que monitorea en video y audio cada acción que hace, por lo que, tuvo incluso que construir un muro para evitar que filmaran cuando entra y sale de su cuarto que es contiguo.
El problema se generó la tarde del miércoles, cuando al intentar hacer valer su derecho, para el retiro de las cámaras, elementos de la Policía Estatal intervinieron de forma parcial, hacia el inquilino, sin respetar el fallo judicial que les era exhibido, y permitieron no solo que permaneciera la instalación de cámaras que —según afirma— vulneran su privacidad y sus garantías individuales, sino que un vehículo sea estacionado en el pasillo de servidumbre.
Bonilla López presentó documentos y una copia del fallo judicial que, a su decir, le otorga el derecho de “usar, gozar y disponer libremente” de la propiedad, e indicó que incluso las escrituras están inscritas ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Campeche.
Derivado de estos hechos que lo harán presentar su inconformidad por el actuar de los elementos de la PEP, Bonilla López, afirmó que hará lo legalmente posible para que se respete su propiedad y se investiguen los presuntos abusos cometidos por particulares y funcionarios públicos, en contra de su necesidad de vivir en un lugar seguro, libre de acoso, sobre todo porque se trata de su propiedad.
