La Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) está jineteando el dinero de las y los jubilados, pues pese a tener el presupuesto para pagar el retroactivo de aumento al salario correspondiente al 2025 y el aguinaldo, ahora les informaron que será hasta el 23 de enero próximo cuando reciban el pago. A decir de los ex trabajadores activos, se trata además de una “huevonería”, pues la tecnología permite hacer pagos de forma inmediata; sin embargo, la administración de la máxima casa de estudios los está afectando gravemente, en especial a extrabajadores con ingresos mensuales que oscilan entre los siete mil y ocho mil pesos, principalmente personal administrativo y de servicios generales, muchos de los cuales enfrentan problemas de salud y gastos extraordinarios.
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Según detallaron, las jubiladas Ebhling Josefina Martínez Flores y Maricela Guzmán Ocampo denunciaron que en la más reciente reunión con el secretario general, Javier Zamora Hernández, este jueves o viernes les serían pagados los saldos pendientes, correspondientes al retroactivo y al aguinaldo que, aseguran, les corresponde por derecho adquirido conforme al Contrato Colectivo de Trabajo, específicamente en la cláusula 49 transitoria segunda, pese a que dicho recurso está etiquetado y ya fue cubierto para el personal activo.
Los afectados señalaron que desde el año pasado han sostenido al menos dos o tres acercamientos con autoridades universitarias, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta, ya que la información que reciben es reiterativa y se limita a que “se están buscando recursos”. Recordaron que en años anteriores el Gobierno del Estado apoyó para cubrir estos compromisos, pero en el presente ejercicio la universidad asegura estar operando únicamente con recursos propios.
Indicaron que si bien se les cubrieron las quincenas pendientes, el compromiso institucional era liquidar completamente los adeudos, incluyendo el retroactivo correspondiente a un año y el aguinaldo. En la más reciente comunicación informal del pasado jueves, les dijeron que será hasta el 23 de enero próximo cuando les sean depositadas las cantidades, lo que consideran una manera muy fácil de “huevonear”.
Subrayaron que el retroactivo es un recurso federal etiquetado que la universidad únicamente debe dispersar, por lo que consideran injustificado el retraso. Existe la percepción de que el recurso pudo haber sido “jineteado”, ya que el pago sí se realizó al personal activo y no a los jubilados, a pesar de que ambos conceptos provienen del mismo presupuesto. Añadieron que este retraso afecta gravemente a extrabajadores con ingresos mensuales que oscilan entre los siete mil y ocho mil pesos, principalmente personal administrativo y de servicios generales, muchos de los cuales enfrentan problemas de salud y gastos extraordinarios.
Señalaron que de los aproximadamente 200 jubilados existentes, alrededor de 150 son sindicalizados, mientras que el resto corresponde a personal de confianza, grupo que concentra más de la mitad del gasto en pensiones, lo que —afirmaron— evidencia que la crisis financiera no fue provocada por la base trabajadora sindicalizada.
Los jubilados rechazaron que se pretenda responsabilizarlos de la situación financiera de la universidad y recordaron que durante años aportaron a fideicomisos que hoy se encuentran extinguidos, sin que exista claridad ni transparencia sobre el manejo de esos recursos. Afirmaron que ellos construyeron la universidad con su trabajo y que no la quebraron ni la saquearon.
Finalmente, acusaron que no existe un plan formal de rescate financiero para la institución y que la administración actual ha limitado su discurso a la búsqueda de recursos, sin plantear soluciones estructurales claras. Advirtieron que cualquier intento de reforma al contrato colectivo no puede afectar derechos ya adquiridos y llamaron a los trabajadores activos a mantenerse atentos ante posibles cambios que puedan impactar sus condiciones laborales.
