Antropólogo Jorge Franco CáceresIntroducción
Más pronto que tarde, comenzaremos a ver documentos concernientes a planes nacionales, estatales y municipales por todos lados. Con honrosas pero improbables excepciones, casi todos serán sectoriales y coyunturales, aunque se pretenderá desde los tres niveles gubernamentales que son integrales y estructurales bajo las prescripciones de sostenibilidad avanzada de alguna agencia global de crecimiento económico o de alguna propuesta nacional de desarrollo social.
Dado que la presupuestación federal continúa ocurriendo a partir de conceptos administrativos que competen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo cada fin de año, es decir, antes de que se realicen la planificación general y programación operativa que determinan cuáles serán los proyectos nacionales, regionales y locales, no habrá ningún cambio sustantivo de enfoque y perspectiva debido al Gobierno democrático y los Poderes de la Cuarta Transformación.
A decir verdad, la planificación y la programación en México seguirán realizándose del modo político que se impuso desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Se trata de un modelo centralizado, vertical y autoritario a todos los niveles y en todas direcciones, que sirvió al gobierno de Carlos Salinas de Gortari para imponer el Tratado de Libre Comercio; al de Ernesto Zedillo Ponce de León para enfrentar la Crisis de Pagos por Servicios Bancarios y Financieros que dio origen al Fobaproa; a Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa para pasar a la historia sin nada relevante en su haber y, finalmente, a Enrique Peña Nieto para firmar el Pacto por México, que impuso las Reformas Estructurales.
Procedemos a ver lo que tenemos al respecto ahora que se aproxima la presentación de los planes y los programas ante AMLO, en la presidencia de la República, y MORENA, en el Congreso de la Unión.
Diagnósticos, políticas, planes y programas en México
Cualquier diagnóstico avanzado del país, las regiones o las localidades muestra la ausencia de políticas integrales y estructurales, la carencia de servicios públicos e infraestructuras industriales y urbanas para enfrentar problemas crónicos y sucesos críticos, así como la deficiente conciencia de los impactos múltiples de las empresas transnacionales y los negocios globales sobre los patrimonios culturales y los recursos naturales, tanto por parte de los habitantes como de las propias autoridades. No están fuera de esta tendencia nacional, los estados y los municipios de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.
Los problemas de las principales ciudades, las áreas estratégicas y las zonas vulnerables ante la industrialización y la urbanización mercantiles bajo las condiciones del cambio climático, no son puntuales ni coyunturales, sino integrales y estructurales en aspectos económico-patrimoniales, técnico-administrativos, medioambientales, socioculturales y urbanístico-inmobiliarios, y no procede deslindar a unos de los otros. Por esta razón, si los planes generales y los programas operativos de los tres niveles gubernamentales no los enfocan y los reconocen de este modo avanzado, muy poco o casi nada tiene posibilidades de proceder con acierto y decoro en la práctica pública.
Así, bajo las actuales condiciones de abandono social de las zonas vulnerables y el deterioro industrial y urbano de las áreas estratégicas de México, no hay modo de que sean útiles las recetas globales del crecimiento incluyente o las correspondientes al desarrollo sostenible. Sencillamente, estas tecnofórmulas no tienen capacidad científica y social para resolver los problemas históricos de las principales ciudades, los municipios más industrializados y urbanizados, ni de los estados peor dispuestos para la explotación mercantil de los paisajes culturales y los recursos naturales, considerando la percepción ciudadana e incluyendo las acciones comunitarias de los habitantes.
Lejos siempre de los foros globales, las calificadoras privadas, las plataformas digitales y los programas tecnocráticos bajo los sesgos sectoriales y partidistas, a partir de las encuestas personales y de las entrevistas cualitativas que hemos analizado, llegamos a conclusiones ineludibles sobre los problemas crónicos regionales y los sucesos críticos locales, que competen como asuntos públicos de la planificación y la programación en los tres niveles gubernamentales.
Para comenzar, sabemos que los habitantes, comunes o no, tienen alguna conciencia de los deterioros sistémicos de las áreas estratégicas y las principales ciudades, así como también de los abandonos integrales de las zonas vulnerables y las comunidades tradicionales, pero muy pocos de ellos conocen las maneras de proceder con las leyes y ante las autoridades con la idea de revertirlos de modo radical. Padecen, en consecuencia, problemas económico-patrimoniales diferentes, es decir, según la ubicación espacio-territorial que comparten, el deterioro medioambiental que padecen y el grado de vulnerabilidad sociocultural en que se encuentran.
A pesar de las diferencias señaladas, los planes generales y los programas operativos de los tres niveles gubernamentales no asumen que los ciudadanos y las comunidades tienen muy bajos niveles políticos y técnicos en todo lo concerniente a las políticas públicas y las gestiones institucionales, mismos que acentúan su incapacidad de respuesta organizada ante los deterioros industriales y urbanos, así como frente a los abandonos sociales.
Las pocas acciones reivindicativas de los habitantes en el país, las regiones o las localidades, son en su mayoría de tipo individual o grupal y prefieren soluciones provisionales sobre el deterioro industrial o urbano y el abandono social, en la medida que no tienen seguridad económico-patrimonial, es decir, proceden en función de que no tienen asegurada la tenencia de la tierra y menos son propietarios de los predios habitados.
Por ejemplo, ya sea en Yucatán, Quintana Roo o Campeche, encontramos personas de las periferias urbanas y las comunidades campesinas que piden ayuda a las autoridades municipales para obtener materiales de construcción o enseres agrícolas, pero no ubicamos ahí mismo tantos planes o programas que están llevando a cabo acciones organizadas de vivienda popular, respaldos asistenciales y servicios públicos. Registramos, incluso, algunas soluciones colectivas que implican la participación ciudadana o comunitaria, a pesar de que la relación con los líderes partidistas limita mucho sus alcances, puesto que estos prefieren que sucedan de acuerdo con sus tiempos y sus modos políticos.
En general, las pocas iniciativas programáticas en las principales ciudades, las áreas estratégicas y las zonas vulnerables tienen una visión más empeñosa desde el activismo sectorial y coyuntural que racional desde la planificación estructural e integral, específicamente en todo lo concerniente a la acción organizada ante los deterioros industriales y urbanos y los abandonos sociales. Por esta razón, los planes y los programan se enfocan más hacia acciones dispersas y misceláneas de ecología poblacional y asistencia social, combinando acciones para la presunta protección del medio ambiente desde la elemental siembra de árboles y las deficientes colectas de basura y chatarra. Brillan por su ausencia los proyectos reparadores del patrimonio cultural y la infraestructura pública, así como los concernientes a la restauración de sistemas naturales para la protección estratégica del aire, el suelo y el acuífero.
Conclusiones
Sabemos que los habitantes de las principales ciudades, las áreas estratégicas y las zonas vulnerables tienen alguna conciencia de los deterioros industriales y urbanos debidos a la mercantilización y los abandonos sociales bajo las condiciones de cambio climático, pero también registramos que no los asumen del todo y menos los tratan para algo de igual manera.
Algunos están de acuerdo en alejarse de ellos con la condición de que se les ofrezca algo a cambio desde los poderes; otros prefieren quedarse donde están y trabajar para conseguir sus bienes y patrimonios lejos de los compromisos políticos y sociales, y otros más no saben lo que sucede y menos tienen idea de cómo proceder para demandar sus derechos ciudadanos contra los deterioros sociales y los abandonos urbanos.
He aquí la complejidad de la realidad industrial, urbana y social creada durante 36 años de neoliberalismo salvaje, con que tienen que lidiar AMLO y MORENA desde los planes nacionales, estatales y municipales.