I
La imposición de Tomás Marentes como gobernador de Yucatán en los años cincuenta es un episodio que no logra desvanecerse del todo en nuestro imaginario colectivo. Personaje tan ajeno y tan campechano, en el sentido geográfico del origen, llenó un capítulo amargo e inaceptable para nuestro orgullo regional. Lo breve y contradictorio de su paso por nuestra historia (alrededor de veintidós meses presenciales, contados a partir de su nominación como candidato) no resulta suficiente para enviar su nombre a un rincón de la desmemoria. Quizá también sea la razón de que solamente algunos conozcan, desdibujado por los años, el rechazo popular que generó entre 1950 y mediados de 1953. En tiempos actuales, pocos podrían rememorar su nombre y sus hechos; Marentes es hoy noticia distante en el tiempo. ¿A quién podría interesarle la breve historia de una impostura? Seguramente a unos cuantos. Y sin embargo, resulta necesario traerla al tiempo presente, reflexionar sobre ella y documentarla por su contenido aleccionante, para que no se vuelva a repetir y para convertirla en piedra de toque que nos permita interpretar episodios semejantes, como los casos de Graciliano Alpuche Pinzón, Víctor Manzanilla Schaffer y Dulce María Sauri Riancho, gobernantes del Yucatán reciente que dimitieron a sus cargos o fueron defenestrados por decisión de un presidencialismo omnímodo y autoritario, el mismo que hizo del federalismo una ficción y que caracterizó la vida pública del país a lo largo del período de la posrevolución. Esa es la razón y motivo de este ensayo político.
El Yucatán de aquellos años
En febrero de 1946, José González Beytia iniciaba su período de gobierno al frente de los destinos de la entidad, el primero de seis años y bajo la persistencia de un panorama económico complicado por la crisis de precios que afectaban a la industria henequenera de la posguerra. El henequén, planta simbólica de la árida planicie peninsular, no dejaba de ejercer su influencia en la vida diaria de todos los sectores de la sociedad yucateca. Tan importante resultaba su operación que se erigió en el telón de fondo de los aconteceres más importantes de nuestra vida en comunidad. La contracción de los mercados y la aparición de la competencia de otros países productores incidían directamente en la actividad laboral y política de la región generando desempleo y protestas populares que propiciaban un clima de ingobernabilidad. Dos años después, en 1948, la situación estuvo a punto de descarrilar la marcha de la administración estatal con manifestaciones obreras, reclamos sindicales y el anuncio de una huelga de hambre a la que convocaban las organizaciones del campo y los sindicatos de la ciudad vinculados a la producción, transporte, industrialización y venta de la fibra.
Hombre nacido en Motul, de talante negociador y conocedor del sistema a través de su experiencia de maestro, diputado local y secretario particular de su antecesor, González Beytia, para enfrentar la inconformidad popular que amenazaba con propagarse a otros sectores de población, tuvo el acierto de instituir un grupo de análisis y mediación con lo más representativo de las corrientes en juego, sin comprometer su posición personal y utilizando a personajes de peso social, como Cabalán Macari, prominente industrial cordelero y ganadero; Vicente Erosa Cámara, presidente municipal de Mérida y hombre de finanzas; Vicente Solís Aznar, dirigente y vocero de los hacendados agrupados en la Unión de Productores Henequeneros y, particularmente, a Manuel Pasos Peniche, experto en el tema y político cercano a su afecto y confianza. La mesa de trabajo incluía, obviamente, a los dirigentes de las agrupaciones obreras más representativas. Una vez más, el manejo del subsidio oficial realizó el milagro del rescate económico de la región, pero sin hacer justicia a los parias del campo local que siguieron viviendo en niveles de subsistencia. En efecto, el señor Macari, patriarca de la colonia libanesa y propietario de una de las más grandes cordelerías, sugirió una reducción generalizada de 10 centavos en el precio de la fibra producida por los ejidatarios henequeneros a efecto de hacer rentable la actividad de los industriales cordeleros, evitando así despidos y un desempleo generalizado. El sector oficial se comprometió entonces a cubrir 9 centavos de aquella subvención, a título de apoyo. La filosofía práctica de “producir más y a bajo precio para poder competir en el mercado” que adoptaron los gobernantes de la entidad a instancias de los empresarios se hizo política pública, misma que se impuso para beneficio de unos cuantos. El acuerdo alcanzado resultó un “éxito” de mediación que facilitó el tránsito tranquilo de la administración estatal hacia la segunda mitad del sexenio.
Liberada de ese conflicto, la gestión de González Beytia navegó durante dos años más con vientos favorables poniendo el énfasis de su encargo en el renglón educativo y del deporte. Se inauguraban aulas y escuelas en los municipios y proliferaban campos de béisbol por todas partes. Como muestra del ánimo ciudadano que prevalecía entonces el gobernador era aplaudido por la multitud al asistir a los juegos de béisbol de la Liga Peninsular que tenían lugar en el flamante Estadio Salvador Alvarado, recién adaptado por su gobierno para ser sede de los encuentros de la extinta Liga Peninsular. Nada había en el horizonte que alterara el ritmo provinciano de su régimen y el sosiego distintivo de la vida de los meridanos.
La economía se manejaba con cierta estabilidad a través de la institución Henequeneros de Yucatán, cuyo presidente, por disposición de ley, era precisamente el titular del ejecutivo yucateco, quien además disfrutaba de la atribución de designar a un gerente ejecutor con perfil de colaborador, socio y amigo, mientras las noticias del posible conflicto bélico en Corea alentaban la posibilidad de una nueva era de bonanza.
Atrás habían quedado los días negros de los grandes stocks de fibra almacenados sin futuro, que tuvo que enfrentar Bartolomé García Correa en los años treinta o las contrariedades generadas por la aplicación en nuestro medio de la reforma agraria cardenista que les costara el cargo a Alayola Barrera y a López Cárdenas entre 1934 y 1936. Prevalecía un discreto clima de confianza en el futuro inmediato, situación que resultaba del manejo un tanto institucional de los procesos sucesorios previos que se habían registrado en la entidad entre 1926 y 1946, etapa caracterizada por la sana costumbre política de permitir la libre manifestación de las inclinaciones de los grupos de poder doméstico por algunos precandidatos y tamizada por la opinión del gobernante en turno dejando al presidente de la República la decisión final y al Partido el anuncio del agraciado.
Esos arreglos previos entre sectores representativos de la localidad era costumbre admitida en el naciente sistema político mexicano implantado por el general Cárdenas que tenía en la institución presidencial y en el partido oficial (PNR-PRMI) las piezas centrales de su poder. En Yucatán estas reglas no escritas habían operado a manera de hábito y tradición en los casos de Torre Díaz, García Correa, Alayola Barrera, Canto Echeverría, Novelo Torres y del propio González Beytia, jugando un papel primordial el Partido Socialista del Sureste, fundado por Carrillo Puerto sobre la estructura del antiguo Partido Socialista Obrero creado en 1916 a iniciativa de Salvador Alvarado. Atrás habían quedado los tiempos de caciques y caudillos que en Yucatán poco levantaban, pero que en otras partes del país dejaban sentir su poder dentro del juego político-electoral y que empezaban a disciplinarse ante los designios de la poderosa mano del centro. Es decir, que la expectativa del gobernante yucateco González Beytia, de una transición controlada, resultaba razonable y altamente viable.
Es manifiesto el antecedente que desde los años del porfiriato siempre se observó especial cuidado para atender las disposiciones presidenciales relacionadas con los asuntos domésticos de la península, con mayor razón en cuanto se trataba de una economía subsidiada. Grabada estaba en la memoria del ciudadano yucateco la forma en que don Porfirio impuso, según su parecer y conveniencia, al general Cantón en 1898 y luego en dos ocasiones a don Olegario Molina (1902 y en 1906), así como el reconocimiento que a contracorriente hiciera el presidente Madero del dudoso triunfo electoral de su incondicional y representante personal José María Pino Suárez en septiembre de 1911, frente al combativo y carismático poeta Delio Moreno Cantón, pieza en juego utilizada por los hacendados opositores del molinismo que, curiosamente y en un hecho histórico irrepetible, resultaban a la vez antirreeleccionistas en el medio local y reeleccionistas partidarios de la dictadura en el plano nacional.
Al paso de los años empezó a ser evidente que a medida que avanzaba en su consolidación el Nuevo Estado de la Revolución de la mano del grupo sonorense encabezado por Obregón, Calles y De la Huerta, más intensa resultaba la injerencia del poder federal en los asuntos de las entidades bajo el supuesto de la unidad nacional. El nombramiento por parte de Obregón del vallisoletano Iturralde Traconis para concluir el período de Carrillo Puerto fue un golpe de poder que apuntaba a la configuración de un “ejecutivo fuerte” que se dejó sentir en tierras del Mayab con Calles designando a Torre Díaz y luego a García Correa.
Dos décadas después de estos hechos, con González Beytia todo presagiaba un proceso llano de sucesión tranquila y con apego a las formas tradicionales, pero sin dejar de reconocer lo determinante del poder presidencial, con mayor razón cuando en el país se vivía un momento histórico de presidencialismo exacerbado y en ascenso, que en nombre de un objetivo modernizador inauguraba una nueva etapa en la historia de México. Era el alemanismo que dejaba atrás regímenes militarizados surgidos del movimiento revolucionario para sustituirlos por una generación de universitarios que presumiblemente aseguraban un futuro de civilidad y democracia. A partir de la llegada de Alemán a la primera magistratura, coincidiendo en tiempo con el inicio de la gestión del mandatario yucateco, su grupo de jóvenes profesionistas integraría un gabinete de corte empresarial y simpatizante de los Estados Unidos, contrapuesto al espíritu cardenista promotor del reparto agrario, la educación socialista y la defensa del patrimonio nacional frente a los riesgos de la intervención extranjera. Momentos aquellos de mediados de siglo que propiciaron la especulación sobre posibles cambios a la Constitución Federal para dar paso nuevamente a la reelección o, por lo menos, a una ampliación de mandato, objetivo manipulado desde Los Pinos por un todopoderoso secretario particular llamado Rogerio de la Selva con la colaboración de grupos de interés político y bajo la aquiescencia de quien le había conferido el cargo.
De Tenabo, Campeche, o de Hunucmá, Yucatán
Y cuando el horizonte político yucateco prometía una sucesión tersa en la entidad, un evento vino a alterar los buenos propósitos del gobernador en turno y su equipo de colaboradores. Sorpresivamente y sin que hasta el momento se pueda saber cómo y por quién pudo haberse enterado, llegó al conocimiento del mandatario estatal que en Hunucmá, población del interior del Estado, se había falsificado un acta de nacimiento que estaba lista para su uso político y desleal. ¿Cómo pudo gestarse aquella idea? ¿A quién se le ocurrió tamaño desatino que ofendía a un pueblo y agraviaba al más elemental de los federalismos? Con esa acta modificada resultaba obvio el propósito de instalar en el Palacio de Gobierno de Mérida, mediante una imposición a todas luces anticonstitucional, a quien habiendo nacido en Campeche solo disponía a su favor de una simpatía del más alto nivel político: la del presidente de la República.
A casi setenta años de distancia, ese episodio poco conocido y mucho menos estudiado, motiva este ensayo de interpretación que evidencia la realización de aquellos hechos y exhibe documentos inéditos que ven la luz por vez primera; episodio instructivo que merece ser rescatado por la enseñanza que conlleva y ejemplo de lo que jamás deberá repetirse en la vida ciudadana de cualquier pueblo. Y menos en la de Yucatán.
Año 1950: preludio del cambio de administración en Yucatán
Esta información del acta viciada de nulidad, incontrovertible por documentada, obligó a González Beytia y a sus colaboradores más cercanos dentro del núcleo gobernante a modificar la estrategia de cambio en el mando gubernamental. El propio gobernador ordenó la investigación discrecional del hecho y pudo confirmar los detalles del ilícito. Exigió un dictamen pericial al Laboratorio de Dactiloscopia del Departamento de Averiguaciones Previas de Yucatán y luego propició, según parece, su envío al Instituto Criminológico de La Habana y al FBI de los Estados Unidos de Norteamérica. Las tres instancias habrían confirmado los dictámenes de alteración; así lo reseña el doctor Alvar Carrillo Gil en un artículo publicado en la Revista Yucatán que circulaba entre los miembros de la colonia yucateca de la capital de la República en octubre de 1951. El mismo profesionista, yucateco eminente, pintor y coleccionista de arte, señala: “este expediente que constituye una prueba toral para comprobar la culpabilidad de este señor (Marentes) lo tuvo bajo custodia personal González Beytia, quien para no contrariar al Sr. Presidente, o por cualquiera otra razón, no lo consignó a las autoridades competentes, ni siquiera lo enseñó al Lic. Alemán o al Secretario de Gobernación en su oportunidad para que disuadiera al Sr. Marentes de su propósito a todas luces inmoral, injustificable, absurdo…”.
Continuará.