Zheger Hay Harb
La nota colombiana
Desde cuando se firmó el acuerdo de paz la Justicia Especial para la Paz pactada en él se convirtió en blanco de los ataques del ex presidente Uribe, la caverna derechista que lo sigue y los militares que decían que esa era una entidad para garantizar la impunidad de los guerrilleros culpables de crímenes de lesa humanidad.
Pero ante la extrañeza general ahora parece que algo le ha rociado agua bendita a la JEP porque los militares están acudiendo en masa a ella. Ya van 1,914, entre ellos 5 generales y 20 coroneles que se han sometido a su jurisdicción. Pero la cosa no es tan inocente: no los mueve el remordimiento, ni el reconocimiento de su carácter de victimarios ni el deseo de resarcir a las víctimas; buscan solamente recuperar la libertad en el caso de quienes están ya presos, o evadir la cárcel en el de los que aún no han sido procesados.
El Centro Democrático ha insistido en reformar el Acto Legislativo que dio vida jurídica al acuerdo para crear una sala especial que juzgue a los militares con lo cual les harían un flaco favor porque eso significaría que la Corte Penal Internacional reclamaría inmediatamente la competencia para juzgarlos.
El de más renombre, por los crímenes que se atribuyen, es el general ® Mario Montoya Uribe de quien he hablado en varias ocasiones en este espacio, quien ya fue llamado por la Fiscalía General para responder por miles de crímenes de los llamados falsos positivos y por la Operación Orión realizada en la Comuna 13 de Medellín, producto de la cual resultaron civiles asesinados o desaparecidos y sobre la cual se ha comprobado que en ella el ejército actuó de la mano con los paramilitares.
El abogado del general Montoya manifestó que “tarde o temprano, lo quieran o no, todos los integrantes de la Fuerza Pública señalados de haber cometido delitos graves en medio del conflicto armado van a terminar en la JEP”.
De acuerdo con el Acto Legislativo, en lo relativo a los delitos cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado la JEP tiene competencia prevalente.
En la justicia ordinaria la pena por el delito atroz de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) es de 50 años, como prueba la condena del coronel Carlos Alberto Ayala Pacheco, mientras que en la justicia transicional si el procesado confiesa la verdad desde un inicio, se compromete a reparar a las víctimas y a no repetir sus crímenes, la pena es de cinco años; si confiesa la verdad en una etapa posterior del proceso, la pena es de ocho y si no hace reconocimiento de sus crímenes, la pena mayor a imponer es de 20 años. Además, quienes decidan someterse a esta justicia reciben de inmediato el beneficio de libertad condicional si ya han cumplido por lo menos cinco años de cárcel.
Los beneficios que aplicaron a los primeros que se acogieron a la JEP han vencido las prevenciones de los militares y desatado una cascada de solicitudes de oficiales que aspiran a recibirlos, como ocurrió con el caso del general ® Jaime Uzcátegui, condenado a 37 años en la justicia ordinaria por la masacre de Mapiripán en que los militares apoyaron a los paramilitares que incluso hicieron escala en la base militar para cargar gasolina antes de llegar al pueblo. Se sometió a la sala de revisión de la JEP y, en el peor de los casos, sería condenado, si no confiesa la verdad, a 20 años de prisión. Como ya lleva 17 años detenido, recuperaría la libertad de inmediato y de manera definitiva. Porque otra de las ventajas de la justicia transicional es que sus decisiones no pueden ser sometidas a revisión como sí ocurre con el procedimiento ordinario.
Si bien es cierto en la JEP quien no confiese recibe de todas maneras beneficios aún en el caso de recibir la pena mayor establecida, el espíritu de esta justicia es que la verdad allí obtenida contribuya a la reparación de las víctimas que en muchos casos no desean ninguna otra retribución que el conocimiento de lo que realmente ocurrió con sus seres queridos y la limpieza de su memoria.
Pero estamos viendo que en la mayoría de los casos los militares se presentan con total desfachatez diciendo que no tienen nada que confesar. Así ocurrió, por ejemplo, con el general ® Rito Alejo del Río, irónicamente llamado El Pacificador por la manera como arrasó con las comunidades del Urabá (parte occidental de la costa atlántica colombiana, casi límites con Panamá) aliado con los paramilitares, condenado entre otros muchos casos por la masacre de Mapiripán, quien salió en libertad por haberse sometido a la JEP. Claro que, como es habitual en el caso de ex oficiales, cumplen su condena en guarniciones militares donde son tratados con la misma obediencia y obsecuencia que cuando eran activos en la fuerza pública.
Un caso especialmente sonado es el del mayor de la policía Juan Carlos Meneses, condenado por homicidio a 27 años de prisión y quien salió en libertad por haberse acogido a la JEP luego de haber cumplido cinco años en prisión.
Este oficial ha prometido contar toda la verdad sobre la creación y funcionamiento del grupo paramilitar de Los Doce Apóstoles por el cual es investigado Santiago Uribe Vélez, proceso en el cual se cuenta también con las declaraciones del hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe que involucra también al ex presidente.
Aunque la mayor probabilidad es que los uniformados no confiesen ni se comprometan a reparar a sus víctimas, es bastante probable que éstas presionen para que confiesen, como ya ha ocurrido en el caso del general Montoya, el de los falsos positivos, en que las madres de los muchachos asesinados desarrollan una infatigable campaña para presionarlo a que descubra la verdad y, como acto de reparación reconozca la inocencia de sus víctimas.