TEGUCIGALPA, Honduras, 1 de diciembre (EFE).- La justicia de Honduras, en la que no todos sus ciudadanos creen por múltiples denuncias de reciente y vieja data de presunta corrupción de jueces y magistrados, ha quedado en deuda con su fallo por el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
El jueves, la justicia condenó por el asesinato de Berta Cáceres y tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, a siete de ocho imputados. A uno se le liberó de toda culpabilidad por no haber pruebas que lo incriminaran.
La deuda de la justicia en el caso de Cáceres, primero es con su familia, la que luego de conocer el fallo dijo en un comunicado que el veredicto “no satisface nuestras exigencias de justicia como víctimas en el asesinato (...) y el intento de asesinato al (ambientalista mexicano) Gustavo Castro”.
Además, el veredicto “condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente con la empresa DESA (Desarrollo Energéticos)”, lo que “no significa que se ha alcanzado justicia”, según los familiares de la ambientalista.
Indicaron además que las estructuras y las personas que dieron “el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune”.
Berta Cáceres, quien era coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se oponía a un proyecto hidroeléctrico que era ejecutado por DESA.