Alfredo García
La consulta popular colombiana contra la corrupción no logró los votos necesarios para ser aprobada. No sólo debía obtener más de la mitad de los votos válidos por el SÍ, sino la participación también tenía que superar 1/3 del censo electoral (36 millones 421,026 personas), es decir, 12 millones 140,342 votos. Sin embargo, los sufragios sólo alcanzaron 11 millones 645,000. Por menos de 500 mil votos, la corrupción sigue rampante en Colombia. La corrupción estructural en Colombia cuesta al país más de 3 mil millones de dólares anuales, según un reciente estudio de la Universidad Externado de Colombia.
La consulta incluía 7 mandatos anticorrupción: Eliminar el beneficio de prisión domiciliaria para los corruptos, más transparencia en la contratación estatal, reducción del salario de los congresistas (de más de 10 mil dólares mensuales a 7 mil), normas para que la ciudadanía participe de los presupuestos públicos, obligación de los legisladores a rendir cuenta sobre su gestión, imponer como requisito que los políticos elegidos hagan público su patrimonio y limitar el mandato de los congresistas a un máximo de 3 períodos de 4 años.
La iniciativa del referendo anticorrupción se debió a las senadoras del Partido Alianza Verde (PAV) Claudia López y Angélica Lozano, que sin propaganda electoral ni presupuesto para actividades de campaña, impulsaron la consulta que logró más de 3 millones de firmas válidas. De haber sido aprobada la consulta, el Congreso estaba obligado a expedir las leyes correspondientes en el plazo de un año.
El flamante presidente, Iván Duque, se declaró en favor de la consulta anticorrupción, mientras que el expresidente, Alvaro Uribe, se manifestó en su contra, recordando la truculenta diferencia entre Santos y su mentor Uribe sobre los acuerdos de paz. Durante su mandato Santos reconoció la corrupción como problema de Estado, convirtiéndose en abanderado de la lucha anticorrupción mediante medidas orientadas por el Banco Mundial y la OCDE, como el Estatuto Anticorrupción y la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información. Sin embargo, existen señales de que el escándalo de soborno de la constructora brasileña Odebrecht llegó a las campañas electorales de Santos del 2010 y 2014.
La justicia colombiana no escapa de la corrupción. La Corte Suprema fue acusada de tráfico de influencias. Su expresidente, el magistrado Francisco Ricaurte, se encuentra detenido en la cárcel La Picota, acusado de formar parte de una red donde los políticos pagaban elevadas sumas de dinero para que los procesos del alto Tribunal los favorecieran. En la misma prisión se encuentra el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, con petición de extradición por parte de EE. UU. Más de 150 políticos colombianos de todos los partidos están actualmente vinculados a casos de corrupción, según un reciente informe publicado por la Fiscalía General de la Nación.
El informe América Latina y el Caribe del Barómetro Global de Corrupción 2016 de Transparencia Internacional, revela que el 61 % de los colombianos considera que la corrupción creció en su país de 2013 a 2016.
Las banderas de la paz y la anticorrupción han sido derrotadas en Colombia. Es incomprensible la apatía demostrada por el electorado colombiano en la consulta anticorrupción (de más de 36 millones de electores, votó menos de 12 millones), al igual que la pasada consulta sobre los acuerdos de paz con las FARC-EP en octubre de 2016, donde sólo 13 millones acudieron al voto.