Por Zheger Hay Harb
El gobierno de Duque ha nombrado como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras a un ex funcionario de Fedepalma, la asociación que agremia a los cultivadores de palma africana involucrada en varios casos de usurpación de tierras a campesinos.
La Unidad de Restitución en cabeza de su antiguo director fue factor clave en la aplicación de punto agrario del Acuerdo de Paz que tiene entre sus principales objetivos la devolución de las tierras expropiadas a sus legítimos dueños. Los colombianos, a partir de la conformación de esta entidad fuimos teniendo noticias esperanzadoras en medio de las demoras e incumplimientos del gobierno en este asunto en el cual confluyen varios de los objetivos de la construcción de paz: devolver la productividad al campo, cumplir a las víctimas su derecho a la reparación, avanzar en el descubrimiento de los victimarios al ir identificando a los despojadores como victimarios y contribuir a la construcción de la memoria del conflicto.
La restitución avanzó devolviendo sus derechos a comunidades indígenas como el caso del cabildo Ñucanchipa Llakta, victimizado por las FARC y los paramilitares, mediante amenazas, asesinatos, despojo y confinamiento, que reclamaba más de 11,000 hectáreas de su territorio ancestral, caso en el cual actuó el gobierno con apoyo de la FAO de Naciones Unidas.
Para dar apenas unos ejemplos, el proceso de restitución también se vivió en Risaralda, en el Occidente del país, devolviendo sus derechos a la tierra a campesinos que habían sido desplazados; en el César, Noreste, de cultura caribe, de donde es oriundo el ex jefe de las Farc Simón Trinidad, quien hoy se encuentra detenido en condiciones de extrema seguridad en Estados Unidos y es también el lugar de origen de Jorge 40, ex jefe paramilitar quien se distinguió por las expropiaciones a sangre y fuego así como por el asesinato de líderes sociales.
En el departamento del Magdalena, zona de acción de Jorge 40, cuando los funcionarios de la Unidad de Restitución se hicieron presentes para hacer la devolución de tierras a las víctimas, fueron recibidos por personal armado que impidió su cumplimiento. Fue muy llamativo que en ese caso los bandidos fueron recibidos como amigos por los policías encargados de garantizar la seguridad de campesinos y servidores públicos; el hecho fue documentado gráficamente por la prensa sin que hasta el momento se conozca el resultado de la acción judicial que debió seguirse de oficio ante semejante camaradería espuria.
La Unidad creó el Registro Unico de Predios para contar con un banco de tierras disponibles para reparar a las víctimas, independientemente de la reparación directa que están obligados a hacer quienes se sometan voluntaria u obligatoriamente a la Justicia Especial de Paz.
La restitución es apenas una de las tareas concertadas entre el gobierno y la ex guerrilla de las FARC como parte de la reforma rural integral, pero es fundamental. En el último informe, de hace un mes, la Unidad reportó 4,264 hectáreas devueltas a sus legítimos dueños, 7,834 solicitudes resueltas en sentencias judiciales, 6,263 predios con orden de restitución en sentencia, 39,995 beneficiarios de ellas, 313,129 hectáreas con sentencia restitutiva y hay 114,788 solicitudes de inscripción.
Quedan muchas tareas pendientes como el catastro único, una reforma tributaria que obligue al pago de tributos a los grandes latifundistas, restituir por vía administrativa cuando no hay conflicto entre varios reclamantes, aumentar el número de jueces que deben fallar las sentencias que den vía jurídica a la restitución y avanzar con mayor rapidez privilegiando, ojalá, las restituciones colectivas sobre las individuales.
No es un resultado halagüeño pero siempre conservamos la esperanza de que seguiría avanzando y teníamos la seguridad de que el director de la Unidad era una persona honesta y comprometida con su misión.
Ahora, con un director proveniente de uno de los grupos económicos más comprometidos en el despojo, las alarmas están prendidas. No quiere eso decir que todos los cultivadores de palma hayan tenido o tengan complicidades con el paramilitarismo, pero hay evidencia, en muchísimos casos, de que eso existió. Para citar apenas algunos ejemplos, las comunidades negras del Occidente del país fueron desplazadas, desaparecidas, asesinadas y despojadas por paramilitares y luego sus tierras aparecieron cubiertas por esos cultivos.
De nada valió que fueran territorios colectivos inembargables e inenajenables: el despojo no se hacía con bases legales sino a la fuerza para luego ser, en muchos casos, legalizados con triquiñuelas.
Es tan conocida esa imbricación, que el portal digital Verdad Abierta publicó que cuando revisaron la hoja de vida del nuevo funcionario, que debe aportar como requisito legal para su contratación, en el punto de experiencia no aparece su trabajo en Fedepalma a pesar de que en varias publicaciones de esa empresa aparece como secretario general y director encargado de planeación y desarrollo sectorial.
La ley 448 de 2011 tiene vigencia hasta el año 2021, por lo cual necesita un gran impulso. En varias sentencias judiciales aparece que empresas palmicultoras no pudieron probar su “buena fe exenta de culpa” como exige la ley para reconocer a los dueños o poseedores su propiedad sobre tierras despojadas.
¿Tendrá el nuevo director la capacidad para actuar en esos casos con total imparcialidad y apego a la ley?