Zheger Hay Harb
La nota colombiana
El antes comandante general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y hoy presidente del partido que con el mismo nombre se desmovilizó en virtud de un proceso de paz, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha decidido expulsar del mismo a Iván Márquez, su ex jefe negociador en La Habana.
Los seis años de tensas negociaciones estuvieron muchas veces en peligro de ruptura por temas especialmente polémicos, por puntos de honor que las dos partes se negaban a transar, que fueron finalmente subsanados por el tesón y la firme voluntad tanto del gobierno de Juan Manuel Santos como de la guerrilla.
Por el lado de los militares, su comparecencia ante un tribunal que allí se pactaba especialmente para juzgar crímenes de guerra que se hubieran cometido con ocasión y en el marco del conflicto armado interno, que ellos se negaban a aceptar bajo la presión constante que el ex presidente Uribe y la extrema derecha ejercían haciendo creer que con ello se comprometía el honor militar y que no podía aceptarse que los héroes de la patria fueran igualados con los “criminales” de la guerrilla.
Las objeciones de la guerrilla estaban por una parte en cuanto al juzgamiento y seguridad de sus militantes, lo cual incluía la consideración del narcotráfico como delito especial que finalmente se catalogó como conexo con el delito de narcotráfico, su posibilidad de participar en política por las vías democráticas y muchos aspectos que no obedecían a sus preocupaciones personales sino a su compromiso con banderas que los habían decidido a iniciar la lucha guerrillera, tales como el desarrollo agropecuario con sus componentes de restitución de tierras y erradicación voluntaria de cultivos de coca con sustitución de cultivos para generar nuevas opciones de vida para el campesinado.
Dentro de los acuerdos a que condujeron las negociaciones, uno de los más importantes es la creación de un tribunal de Justicia Especial de Paz, JEP, que, con criterios de justicia restaurativa juzgara a los responsables civiles y militares que hubieran cometido crímenes durante los años de guerra, siempre que se relacionaran con ella. En la revisión de constitucionalidad que hizo la Corte Constitucional del Acto Legislativo que reformaba la Carta Magna para que pudiera insertarse en ella el acuerdo de paz, ese alto tribunal decidió que los terceros, o sea civiles como empresarios, servidores públicos incluidos parlamentarios, podían ser juzgados por la justicia especial sólo si se presentaban ante ella de manera voluntaria.
Tan importantes temas fueron desde un comienzo objeto de constante ataque por parte de la derecha que día a día ha presionado a los militares para que se opongan a la JEP, pero muchos de ellos, especialmente oficiales retirados del más alto grado, han visto una posibilidad de obtener los beneficios que esta justicia les ofrece, así como ex jefes paramilitares, que en su momento se sometieron a la Ley de Justicia y Paz que bajo el gobierno de Alvaro Uribe sirvió como marco legal para su desmovilización y que luego fueron extraditados y fueron condenados por el único delito de narcotráfico, quedando sin juzgamiento sus grandes crímenes de lesa humanidad.
Por el lado de los ex guerrilleros desmovilizados las quejas han sido constantes por el incumplimiento del gobierno en los planes de resocialización y el débil desarrollo del punto de desarrollo agrario.
Dentro de ese escenario de constante pugna se dio la captura del ex comandante guerrillero Jesús Santrich, quien ha realizado huelgas de hambre y hecho profesión de inocencia porque asegura que no ha cometido el crimen de narcotráfico del que se le acusa. El gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición y la JEP argumentó que dentro de su competencia para autorizarla o negarla necesitaba disponer de las pruebas que determinaran si había cometido el supuesto delito antes o después de la firma del acuerdo de paz, puesto que, según lo acordado, sólo si ocurrió en una fecha posterior a esa fecha puede ser sometido a la justicia ordinaria.
Las pruebas nunca llegaron, la fiscalía general colombiana hizo causa común con el gobierno de Estados Unidos, la JEP decidió concederle la libertad a Santrich por falta de pruebas y, en el momento en que éste salía de la cárcel fue recapturado, esta vez acusándolo de concierto para delinquir. El fiscal general aprovechó la oportunidad para presentar su renuncia irrevocable aduciendo que su conciencia jurídica le impedía aceptar esa violación a la ley pero con el real motivo de trasfondo de los procesos que al parecer lo acechan y por los cuales la Corte Suprema y la justicia ordinaria en general le vienen pisando los talones.
En ese marco de acontecimientos, Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC y quien tiene asignada una curul en el Senado en virtud del acuerdo de paz, acompañado de otro antiguo miembro de la dirección de las ex FARC, se ha mantenido en lugar desconocido, aduciendo que no contaba con garantías para presentarse a ocupar su silla de senador.
Timochenko y otros ex jefes superiores de esa organización manifestaron que no podrían decir que no disponen de garantías puesto que están desarrollando su actividad legislativa sin mayores tropiezos y le han hecho reiteradas solicitudes a Márquez y El Paisa para que se hagan presentes, pero todo ha sido inútil. Mantienen su postura de falta de garantías.
Luego de la recaptura de Santrich, Iván Márquez hizo un pronunciamiento público diciendo que la desmovilización había sido un error, lo cual puede interpretarse, en un momento de fragilidad de un proceso de paz que apenas inicia, con unos aproximadamente mil ex militantes que se declararon como disidencias y se mantienen en armas, un ejército bajo sospecha de haber revivido los falsos positivos y con desmovilizados en estado de alarma por los continuos asesinatos de líderes sociales y ex guerrilleros que se sometieron al proceso de paz asesinados, como un llamado a la guerra.
Así las cosas, Timochenko y sus compañeros de dirección de la Farc han decidido expulsar del partido a Iván Márquez.
Se desconoce aún qué decisión asumirán la JEP y el gobierno ante este hecho que si bien confirmaría que Márquez tiene razones más allá del miedo general para temer su vinculación en un proceso por narcotráfico, también refleja la convicción firme del nuevo partido de avanzar por caminos de paz y reconciliación.