El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció este lunes la imposición de sanciones contra ocho personas y 12 empresas mexicanas por su presunta relación con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según el comunicado oficial, estas organizaciones y particulares están implicados en el suministro de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo ilícito, un opioide responsable de la muerte de más de 500 mil estadounidenses en los últimos años.
“El presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo mortal de drogas hacia nuestro país es una prioridad de seguridad nacional”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Sanciones contra la red familiar Favela López
Las sanciones alcanzan a la empresa química Sumilab S.A. de C.V., con sede en Culiacán, Sinaloa, así como a sus propietarios, Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, junto a sus cónyuges y socios.
De acuerdo con la OFAC, el grupo familiar mantuvo sus operaciones pese a sanciones previas emitidas en 2023, utilizando nuevas razones sociales y prestanombres para continuar el envío de químicos al Cártel de Sinaloa.
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Entre las compañías señaladas se encuentran Agrolaren, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab, Storelab y Macerlab, todas con operaciones en el norte del país y presuntamente dedicadas a la venta de insumos para laboratorios clandestinos.
Conexiones con “Los Chapitos”
El gobierno estadounidense precisó que esta red opera bajo la estructura de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Los hermanos, considerados fugitivos, dirigen la fracción del cártel responsable del tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
En febrero pasado, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, y en junio, OFAC amplió las sanciones a Los Chapitos bajo las leyes contra el terrorismo y el narcotráfico.
Empresas fachada y sanciones financieras
Además del grupo Favela López, fue sancionada Martha Emilia Conde Uraga, alias “Martita”, señalada como intermediaria química del cártel. La mujer opera desde Culiacán una red de compañías, entre ellas Prolimph Químicos en General, Comercial Viosma del Noroeste y Roco del Pacífico Inmobiliaria.
Las sanciones bloquean todos los activos de las personas y empresas involucradas en Estados Unidos, prohíben cualquier transacción financiera con ellas y obligan a reportar sus bienes ante la OFAC.
El Tesoro advirtió que violar estas disposiciones puede derivar en sanciones civiles y penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros que colaboren con los designados.
Escalada en la ofensiva antidrogas de Washington
La acción forma parte de la estrategia de la administración Trump para desmantelar las redes financieras del narcotráfico.
De acuerdo con el Tesoro, el objetivo de estas medidas “no es castigar, sino inducir un cambio de comportamiento” y cortar el flujo de recursos hacia las organizaciones criminales.
La colaboración incluyó a la DEA, el FBI, Homeland Security y Aduanas y Protección Fronteriza, que rastrearon las operaciones del cártel en México y Estados Unidos.
IO