Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este jueves la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, uno de los principios constitucionales más arraigados en el país.
El fallo, emitido por el juez Joseph Laplante, suspende la entrada en vigor de la medida, prevista para el 27 de julio, y otorga una pausa de siete días al gobierno para presentar una apelación formal.
“Eliminar la ciudadanía por nacimiento representa un cambio abrupto a una política de larga data y provoca daños irreparables”, afirmó Laplante al leer su resolución, en el marco de una demanda colectiva tramitada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El juez —nombrado en su momento por el expresidente George W. Bush— argumentó que la ciudadanía estadounidense es “el mayor privilegio que existe en el mundo” y citó la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio de Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Noticia Destacada
Estados Unidos avala parcialmente orden de Trump para negar ciudadanía a hijos de indocumentados
La demanda fue encabezada por Barbara, una ciudadana hondureña solicitante de asilo que espera un hijo en octubre.
Ella y otros demandantes alertaron sobre el impacto directo de la medida en niños nacidos o por nacer en Estados Unidos, quienes podrían perder un derecho constitucional fundamental.
En una decisión previa, el mismo juez había limitado el alcance de su fallo a ciertas organizaciones, pero en esta ocasión extendió la protección a nivel general, aunque sin incluir de forma explícita a los padres migrantes, como pedían los peticionarios.
La orden de Trump se enmarca en una ofensiva migratoria más amplia y ha sido objeto de controversia legal, luego de que la Suprema Corte dejara sin efecto bloqueos estatales anteriores.
El gobierno federal ahora deberá decidir si insiste en su aplicación o replantea su estrategia legal.
La resolución de Laplante representa un freno momentáneo a una política que podría afectar a miles de niños nacidos en territorio estadounidense y refuerza el debate sobre los límites del poder ejecutivo frente a los derechos constitucionales.
IO
