El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que el narcotráfico y la impunidad continúan siendo los principales desafíos de México, de acuerdo con su informe anual sobre derechos humanos, publicado este martes.
Persistencia de violaciones graves a derechos humanos
El documento advierte que “no existen cambios significativos” en la situación de derechos humanos en el país, resaltando que los delitos cometidos por el crimen organizado representan la mayor amenaza.
Asimismo, subraya que las altas tasas de impunidad y la falta de investigaciones que culminen en condenas agravan el problema.
El informe también enumera violaciones persistentes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, restricciones severas a la libertad de prensa y amenazas contra el ejercicio laboral de periodistas y defensores de derechos humanos.
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Casos emblemáticos señalados por Washington
Uno de los episodios destacados ocurrió el 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando un enfrentamiento entre agentes de la Guardia Nacional y un grupo armado en la comunidad conocida como Niños Héroes dejó 25 personas muertas, aunque las autoridades solo reconocieron oficialmente 10 fallecidos. Ningún elemento de seguridad implicado fue enjuiciado.
El reporte también menciona el asesinato de cinco periodistas en Chiapas, Michoacán, Guanajuato, Morelos y Colima durante 2024, evidenciando el alto riesgo que enfrenta la prensa en México.
Contexto político y tensiones bilaterales
Este es el primer informe sobre derechos humanos emitido por el Departamento de Estado bajo la administración del presidente Donald Trump, quien asumió el cargo en enero.
Su relación con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido marcada por diferencias en la estrategia contra el narcotráfico.
Aunque ambos gobiernos han expresado disposición para cooperar en el combate al crimen organizado, las divergencias en métodos y políticas han generado tensiones diplomáticas.
El análisis subraya que la violencia ligada al narcotráfico y la falta de justicia no solo afectan la seguridad, sino que socavan la confianza en las instituciones mexicanas, un reto que, según Washington, requiere acciones más contundentes para revertir la tendencia.
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