El Gobierno de Estados Unidos confirmó un despliegue militar en aguas del Caribe, a poca distancia de Venezuela, como parte de su estrategia contra el narcotráfico. La operación incluye tres buques destructores y alrededor de cuatro mil soldados, además de apoyo aéreo y naval con aviones de reconocimiento, un submarino nuclear y barcos equipados con misiles guiados.
De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ordenó la movilización con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
La portavoz Karoline Leavitt advirtió que el Gobierno “usará todo su poder” para llevar ante la justicia a los responsables del narcotráfico.
Leavitt también desconoció a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela, calificando a su gobierno como un “cártel del narcotráfico”.
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Acusaciones contra Maduro y respuesta de Venezuela
El despliegue militar se suma a las acciones de presión que Washington ha dirigido contra Caracas. A inicios de agosto, el Gobierno estadounidense duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de narcotráfico y de facilitar el envío de cocaína mezclada con fentanilo hacia Estados Unidos.
El canciller venezolano, Yvan Gil, rechazó las acusaciones y denunció que forman parte de una estrategia de amenazas que vulnera la soberanía del país.
Por su parte, Maduro aseguró que su gobierno enfrenta un ataque político internacional orquestado desde Washington.
Implicaciones regionales y postura de México
La ofensiva de Trump se enmarca en su política de catalogar a grupos criminales latinoamericanos —incluidos cárteles mexicanos, el MS-13 y el Tren de Aragua— como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que habitualmente se reserva a grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico.
Ante la posibilidad de que Estados Unidos amplíe operaciones militares hacia otros países de la región, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
Subrayó que las diferencias entre naciones deben resolverse a través del diálogo y no mediante acciones armadas.
Expertos en derecho internacional señalan que, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, ningún país puede usar la fuerza militar contra otro salvo en legítima defensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad.
Con ello, aunque Estados Unidos tiene capacidad técnica para una intervención directa, analistas coinciden en que optará por mantener la presión diplomática y económica, evitando un conflicto abierto en Venezuela.
IO
