El gobierno de Florida confirmó que apelará la orden judicial que obliga al cierre, en un plazo de 60 días, del centro de detención de migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”.
La decisión fue emitida por la jueza federal Kathleen Williams, quien también prohibió el ingreso de más personas al lugar mientras se desmantela.
La oficina del fiscal general de Florida, James Uthmeier, criticó el fallo y lo calificó como un exceso de autoridad.
“Una vez más, ella se excede en su autoridad, y apelaremos esta decisión ilegal”, declaró el portavoz Jeremy Redfern.
Un centro rodeado de polémica
El recinto, ubicado en un antiguo aeropuerto en medio de los Everglades, fue abierto el 3 de julio y ha estado rodeado de protestas y cuestionamientos por las condiciones de los migrantes y el impacto ambiental en la zona.
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Actualmente, 336 personas permanecen detenidas, entre ellas 78 mexicanos, de acuerdo con el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.
El congresista demócrata Maxwell Frost, quien visitó el lugar, denunció la situación y exigió que se respete el derecho a la defensa y comunicación de los detenidos.
Sin embargo, el equipo del gobernador Ron DeSantis defendió la continuidad de las deportaciones. “Las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore”, afirmó Alex Lanfranconi, vocero del mandatario estatal.
Argumentos ambientales y legales
La jueza Williams falló parcialmente a favor de organizaciones como Friends of The Everglades y el Center for Biological Diversity, así como de la tribu Miccosukee, quienes advirtieron que el centro afecta un ecosistema con al menos 36 especies en peligro, entre ellas la pantera de Florida y aves migratorias.
La orden judicial también prohíbe la construcción de infraestructura adicional, así como realizar excavaciones o cercar el lugar.
Contexto migratorio en Estados Unidos
“Alligator Alcatraz” se ha convertido en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump, cuya administración ha incrementado en 49 por ciento el número de personas bajo custodia del ICE en 2025, con más de 55 mil detenidos en la primera mitad de julio.
Mientras continúa la disputa legal, el futuro del centro de detención sigue en duda, en un momento en que la migración y el respeto a los derechos humanos se mantienen como temas centrales en la agenda política de Estados Unidos.
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