La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este jueves 18 de septiembre de 2025 una sentencia contra 12 exmilitares colombianos, considerados responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del país.
Los acusados fueron condenados a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por su participación en 135 asesinatos que posteriormente fueron presentados como bajas de guerrilleros en combate, en lo que se conoce como el caso de los “falsos positivos”, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano.
No habrá cárcel, pero sí trabajos restaurativos
La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias detalló que, debido a la gravedad de los crímenes y al rol de los responsables, la sanción inicial era de ocho años.
Sin embargo, se aplicó un descuento proporcional por el tiempo que los acusados ya pasaron bajo prisión ordinaria.
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Las penas no implican cárcel, sino trabajos restaurativos enfocados en la reparación de las víctimas.
Entre las medidas, los exmilitares deberán participar en la construcción de memoriales y centros comunitarios en localidades indígenas de la región Caribe, además de cumplir con restricciones de movilidad ligadas a sus labores de reparación.
Un paso en la justicia transicional
Se trata de la primera condena de la JEP contra exmilitares que aceptaron su responsabilidad en estos crímenes, en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC.
La sentencia, que aún puede ser apelada, marca un precedente en el reconocimiento de la verdad y la reparación a las víctimas, mientras se revisa si los años cumplidos en prisión ordinaria podrán reducir la duración de las sanciones.
IO
