La Suprema Corte de Estados Unidos asestó un golpe a la política comercial del presidente Donald Trump al invalidar los aranceles globales que había impuesto durante su mandato, al considerar que exceden las facultades legales del Ejecutivo.
Con una votación de seis ministros a favor, el máximo tribunal determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no otorga al presidente la autoridad para establecer aranceles de carácter general.
La resolución representa un revés significativo para la estrategia comercial impulsada por Trump, la cual había generado tensiones con socios económicos y alteraciones en el comercio internacional.
La Corte limita el uso de la Ley de Emergencia Económica
En su fallo, la Suprema Corte concluyó que la IEEPA fue diseñada para permitir al presidente responder a amenazas inusuales y extraordinarias provenientes del exterior, pero no para imponer tarifas comerciales amplias como instrumento regular de política económica.
El tribunal sostuvo que los aranceles aplicados bajo ese argumento legal trastocaron el comercio mundial y rebasaron el alcance previsto por el Congreso al aprobar dicha legislación.
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Impacto en la política comercial de Estados Unidos
Los aranceles impulsados por Trump habían afectado a múltiples países y sectores productivos, generando disputas comerciales y medidas de represalia.
La decisión judicial podría obligar a la administración a replantear su estrategia comercial y, en caso de buscar nuevos aranceles, recurrir a otros mecanismos legales o a la autorización expresa del Congreso.
Un precedente clave en la relación entre Ejecutivo y Congreso
Especialistas consideran que el fallo fortalece el equilibrio de poderes al recordar que la facultad para regular el comercio exterior corresponde principalmente al Congreso.
La resolución también envía un mensaje sobre los límites del uso de leyes de emergencia para implementar políticas económicas estructurales.
Con este dictamen, la Suprema Corte redefine el alcance de las atribuciones presidenciales en materia comercial y marca un precedente relevante para futuras decisiones sobre aranceles y comercio internacional.
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