La seguridad federal en Estados Unidos volvió a colocarse en el centro del debate tras confirmarse la detención de un hombre en Ohio, acusado de haber lanzado una amenaza de muerte contra el vicepresidente James David Vance (JD Vance).
De acuerdo con la información compartida en conferencia y en reportes oficiales citados por la prensa estadounidense, el caso ya es investigado por autoridades federales y derivó en cargos formales por parte del Departamento de Justicia.
Qué se sabe de la amenaza contra JD Vance
Según la versión difundida, la advertencia se habría emitido durante una visita oficial realizada en enero de este año, cuando el vicepresidente se encontraba en el estado como parte de una agenda pública.
La amenaza fue considerada creíble y, por ello, el Servicio Secreto activó de inmediato sus protocolos de seguridad, además de documentar el hecho para abrir una investigación.
El sospechoso fue identificado como Shannon Mathre, residente de Toledo, Ohio. La detención se realizó el 6 de febrero, como resultado de las indagatorias que se iniciaron tras la presunta amenaza.
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Cargos federales y lo que encontraron los investigadores
Tras el arresto, un gran jurado federal presentó cargos por amenazar a un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, un delito que puede implicar varios años de prisión, dependiendo del curso del proceso.
Además, los fiscales informaron que durante la investigación se localizaron archivos ilícitos en dispositivos atribuidos al acusado, lo que abrió líneas adicionales y la posibilidad de imputaciones separadas.
Seguridad reforzada tras incidentes recientes
El caso ocurre en un contexto en el que la seguridad de JD Vance ha sido particularmente visible por incidentes recientes.
En enero, por ejemplo, un gran jurado federal acusó a un hombre por el vandalismo contra una vivienda vinculada al vicepresidente en Cincinnati, con cargos que incluyen daños a propiedad y hechos en un área restringida.
Las autoridades reiteraron que cualquier amenaza contra funcionarios federales se atiende con máxima prioridad. Mientras tanto, el acusado permanece bajo custodia federal, a la espera de que un juez determine las siguientes medidas cautelares y el avance de las audiencias.
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