CIUDAD DE MEXICO, 25 de octubre (SinEmbargo).- El colectivo #MediosLibres presentó este día una iniciativa ciudadana para abrogar la Ley General de Comunicacio?n Social (o “Ley Chayote”) y expedir la Ley General de Publicidad Oficial.
Contrario a las consecuencias de la denominada “Ley Chayote” de 2017, que “legaliza las malas prácticas llevadas a cabo en la publicidad oficial” y que “atenta contra la libertad de expresio?n”, la iniciativa ciudadana busca eliminar el uso “proselitista” e impulsar la democratización de los medios de comunicación.
Asimismo, tiene por objetivo garantizar la libertad de expresión y de acceso a la información en nuestro país, así como fomentar el pluralismo.
“La publicidad oficial no debe ser asignada para premiar o castigar a las distintas formas y medios de comunicacio?n […]. La libertad de expresio?n no se puede restringir de manera directa o indirecta” por parte de las instituciones del Estado mexicano, refirieron los activistas, investigadores y periodistas.
Entre las principales propuestas están regular el uso y la asignación de recursos en los tres niveles de Gobierno e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas de las autoridades y de los medios de comunicación.
Según las cifras definitivas del Sistema de Comunicación Social, entre 2013 y 2017 la administración del Presidente Enrique Peña Nieto gastó 50 mil 862 millones de pesos en publicidad oficial.
De esta cantidad, 23 mil 410 millones fueron parte de un sobreejercicio, que implica que el Gobierno casi duplicó (85.27 por ciento más) el gasto que tenía aprobado para el rubro.
En el marco de una nueva administración —que ha prometido reducir el gasto en publicidad en un 50 por ciento— se abre la posibilidad de un cambio, explicó Justine Dupuy de Fundar.
Sin embargo, dijo, la reducción será insuficiente si no existen reglas claras para su asignación.
“La censura, las malas condiciones laborales, la falta de garanti?as en seguridad, el condicionamiento de las li?neas editoriales, la distribucio?n desigual e inequitativa de la pauta de la publicidad oficial, la asignacio?n discrecional y arbitraria, asi? como el gasto excesivo son realidades que busca atender esta iniciativa de ley, con base en los esta?ndares internacionales de derechos humanos”, se lee en el documento que presentó el colectivo.
En la opinión de Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, “la falta de regulación y la opacidad son un caldo de cultivo para la corrupción”.
Por ello, la iniciativa también busca prohibir y sancionar el uso propagandístico de la publicidad oficial y su uso para “censurar, castigar o premiar a medios de comunicación”.
Tope al poder
Para evitar gastos desmesurados, la nueva Ley obligaría a ejercer, como máximo, el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos, o el equivalente a 2 mil millones de pesos por año.
Al respecto, Ana Ruelas de Artículo 19 comentó que inclusive la propuesta de reducción del presupuesto de Andrés Manuel López Obrador (en un 50 por ciento) sigue siendo un monto muy elevado para el rubro de publicidad oficial.