* La cifra aumenta millones cada año y, aunado al colapso del sistema de pensiones, reduce la capacidad de gasto financiero de la Entidad, pero los beneficios no son para todos los maestros
TIJUANA, Baja California, 12 de mayo (Semanario ZETA).- Los salarios y prestaciones laborales que durante años han acumulado algunos docentes, tanto federales como estatales, así como el sistema de pensiones del magisterio en Baja California, crearon una bola de nieve en el sistema financiero estatal que representa erogaciones de 13 mil 728 millones de pesos al año.
Tal es la cifra que el Gobierno Federal deberá asumir tan sólo en esta Entidad si, como el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en un memorándum para suspender la Reforma Educativa, la Secretaría de Hacienda absorbe la nómina del sector educativo en todo el país.
La situación resulta aún más complicada si se consideran los millonarios recortes anunciados por el Gobierno Federal al sector educativo, en particular a los subsistemas de educación media superior como el Colegio de Bachilleres (Cobach) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte).
Para ilustrar, el monto de 13 mil 728 millones de pesos es casi el doble del Presupuesto de Egresos anual del Ayuntamiento de Tijuana.
Además, cada año esta cifra presenta incrementos significativos que van desde 119 millones de pesos (del 2016 al 2017) hasta 602 millones de pesos (del 2015 al 2016).
Sin embargo, esto no significa que todos los docentes en planteles públicos reciban estas compensaciones, bonos, estímulos y más, sino que estos beneficios se concentran en aquellos profesores que iniciaron su carrera en décadas anteriores, particularmente como resultado de la carrera magisterial, antes de la llamada Reforma Educativa.
En cambio, quienes han ingresado a la docencia en años recientes se enfrentan a escenarios adversos. Es el caso de 600 profesores, a quienes el gobierno estatal no les ha pagado su sueldo desde hace ocho meses, en algunos casos.
El cúmulo de prestaciones laborales
Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, hay 43 mil 624 docentes activos en Baja California. El 82 por ciento cuenta con una plaza, 20 mil 895 de ellos adscritos como profesores federales y 15 mil 290 como estatales.
De la cantidad global de docentes, 2 mil 664 aparecen como interinos federales y 4 mil 175 como interinos estatales. A diferencia de aquellos educadores que cuentan con una plaza, los interinos fungen como suplentes, ocupan espacios disponibles por jubilación, incapacidad u otros motivos.
Esto no significa que son trabajadores esporádicos, ya que algunos han laborado bajo este esquema incluso durante nueve años, tiempo durante el cual no necesariamente reciben las prestaciones de Ley ni seguridad social, como relataron algunos de ellos.
Por último, del universo total de docentes, se desprenden otros 600 profesores interinos, cuyos salarios no han sido cubiertos por el gobierno estatal.
De acuerdo a información de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el rezago histórico de pagos a profesores interinos tanto federales como estatales, asciende a mil 379 millones 801 mil 103 pesos.
En sí, para el Ejercicio Fiscal 2019, el gobierno de Baja California tiene contemplado aportar 10 mil 228 millones 312 mil 103 pesos y 35 centavos a la nómina magisterial.
Esto contempla pagos de salarios y prestaciones a los casi 18 mil profesores estatales -–incluidos quienes tienen plazos y los interinos-, así como las prestaciones que el Estado cubre de los más de 23 mil profesores federales.
Bladimiro Hernández Díaz, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, detalló que fue en el 2015 cuando se separaron los fondos federales de los estatales para el pago de la nómina educativa por disposición de la reforma impulsada por el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Antes de ello, el Gobierno Federal transfería el total de la nómina educativa al Estado para que este realizara los pagos.
“Lo que realmente nos impactó es que, al llevarse la nómina, hicieron una compulsa entre los maestros que ellos reconocían como federales y los que teníamos clasificados como federales. Una gran cantidad de plazas no fueron reconocidas por el Gobierno Federal, alrededor de mil 200, porque los procesos de contratación locales no habían sido válidos para el Gobierno Federal, sino considerados de manera diferente a sus normas técnicas”, expuso el secretario.
Esos profesores pasaron a la nómina del gobierno estatal, pero no fue el único problema presupuestal que enfrentó.
La Federación tampoco reconoció una serie de 32 prestaciones laborales, entre bonos, compensaciones y un sobresueldo de 22% que recibían los profesores federales.
Acorde con el titular de las finanzas estatales, la administración optó por usar la bolsa de recursos extraordinarios para cubrir estos rubros.
De 2013 a 2015, al gobierno de Baja California le fueron asignados 5 mil 224 millones 626 mil pesos en recursos federales extraordinarios, pero de 2016 a 2018, la cifra descendió a 2 mil 650 millones 228 mil 690 pesos, un 56%.
A decir de Hernández Díaz, la disminución de recursos federales extraordinarios, los cuales no se determinan mediante fórmulas como el resto del presupuesto, sino en criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) basados en su disponibilidad presupuestal, ocasionó en los últimos meses de 2018, que miles de profesores no recibieran sueldos ni aguinaldos.
Además, la negociación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a nivel nacional para fijar los salarios y prestaciones del 2018 superó tres veces el monto calculado por la administración estatal en su reserva de fondos para este concepto.
Entre los incrementos, destacan el 4.40% sobre el sueldo tabular; 4.40% de compensaciones directivas y laborales en zonas alejadas; y 10% para el material didáctico.
En Baja California, el SNTE tiene dos representaciones: la Sección 2 corresponde a los profesores federales y la Sección 37 a los estatales, cuyas prestaciones, particularmente las de los maestros federales, son de las más altas en el país.
Esto se remonta a la década de 1970, cuando ante la falta de docentes en BC se ofreció una serie de incentivos para quienes se trasladaran a la Entidad, como el sobresueldo del 100%, cubierto por el Gobierno Federal por tratarse de una “zona cara”.
Adicionalmente, por medio del sindicato, los maestros obtuvieron otras prestaciones como un sobresueldo que llegó al 22%, calculado a partir del sueldo y el sobresueldo del 100%. Ningún otro Estado presenta este segundo sobresueldo y, por ello, la Federación no lo admitió en la nómina que cubre de la Sección 2 del SNTE.
Otras compensaciones que reciben maestros federales que son cubiertas por el gobierno estatal porque las anteriores administraciones estatales negociaron las prestaciones con el SNTE, incluyen bonos navideños, prima de antigüedad, indemnizaciones, fondo de retiro, servicios dentales, así como apoyos para festejos del Día del Maestro, Día de la Mujer Docente y Día de la Madre.
En total, estas 32 prestaciones suman 247 millones 641 mil 485 pesos, de los cuales 200 mil millones de pesos no son reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Pagos a jubilados seguirán en aumento 30 años más
En el 2019, el Gobierno del Estado tiene presupuestado destinar 3 mil 500 millones de pesos para el pago de pensiones, jubilaciones y prestaciones a 7 mil 145 profesores en retiro.
El 52% (2 mil 670 pensionados) recibe entre 45 mil 120 y 89 mil 740 pesos al mes; el 32% (4 mil 19 pensionados) llega a un tope de 45 mil 120 pesos mensuales; en tanto el 16% (426 pensionados) cobra de 89 mil 740 a 193 mil 853 pesos mes tras mes.
“Los maestros jubilados de nuestro Estado son maestros muy bien pagados comparados con los demás, tienen jubilación dinámica, lo que significa que todos los beneficios conseguidos por los maestros activos, se aplican también a los jubilados”, argumentó el funcionario.
El problema con el sistema de jubilaciones magisteriales es que, durante 30 años de servicio, periodo mínimo para el retiro, los afiliados al SNTE tuvieron derecho a una carrera magisterial.
Esto significa que los docentes presentaban exámenes de conocimientos ante la SEP, los cuales determinaban su posición en un escalafón que no solo definía horas de clase, planteles, plazas directivas o de supervisores, sino que representaba aumentos salariales y en prestaciones.
Es así como algunos maestros se retiraron ganando hasta 50 mil pesos, cifra que se duplicó gracias a las prestaciones y beneficios obtenidos durante su vida laboral y después de ella gracias a las negociaciones entre el SNTE y el gobierno.
“No podemos fijarnos si reciben mucho, no es nuestro papel; nuestro papel es ver la manera de financiar un esquema que no creamos, que es complicado, muy caro, pero así está, es su derecho”, declaró el funcionario estatal.
Además, normalmente lo que aportan los maestros para jubilarse es absolutamente insuficiente, no llega ni al 27%”, por lo que el grueso de las pensiones es cubierto con ingresos estatales.
Casi el 39% de los maestros retirados recibieron su jubilación durante la actual administración de Francisco Vega de Lamadrid, con un total de 2 mil 583 docentes, dejando atrás los mil 786 pensionados durante los gobiernos de José Guadalupe Osuna Millán (2008-2013) y Eugenio Elorduy (2001-2007), con 911 pensionados.
La razón por la que profesores no podían acceder a su retiro era por la falta de viabilidad financiera en el Estado para pagar sus pensiones. En administraciones anteriores, se realizaba un dictamen de suficiencia financiera y, si las finanzas estatales no lo superaban, entonces quedaban suspendidas las pensiones.
“Nuestra aportación fue decirles que con suficiencia financiera o no, no es posible que estén 2 mil 200 maestros ya jubilados y no les paguen con todas las consecuencias financieras, pero no podíamos hacer otra cosa, estaban en sus derechos”, reiteró Hernández Díaz.
Si bien en el 2015 la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), fijó un tope salarial equivalente a 60 mil pesos mensuales y la reducción de otros beneficios. Según el secretario, la reducción en la carga financiera de esta modificación no será efectiva hasta dentro de 30 años, cuando quienes ingresaron a la docencia por este nuevo esquema se retiren.
Además del pago de pensiones, existe otro concepto que reciben los maestros en retiro, llamado diferencial de retiro, una especie de finiquito.
“Debido a los altos beneficios que otorga el Estado, cada maestro recibe alrededor de 500 mil pesos, cuando el promedio nacional oscila entre 90 mil y 200 mil pesos”, añadió.
En la actual administración se destinaron 846 millones 602 mil 131 pesos a ese rubro.
Entre las prestaciones que reciben los docentes en retiro, destacan el aguinaldo, el bono de apoyo social, bono magisterial, bono de verano, bono de inicio escolar, bono del Día del Maestro, promoción educativa y prima vacacional.
Con “Kiko”, la peor relación del magisterio con Gobierno: SNTE
La Sección 37 del SNTE tiene afiliados a 16 trabajadores activos y 7 mil jubilados en Baja California. Junto con la Sección 2, la cual agrupa a profesores federales, la organización dirigida por la secretaria general María Luisa Gutiérrez Santoyo encabezó marchas, tomas de oficinas y casetas en diciembre del 2018 para exigir el pago de salarios y aguinaldos al gobierno estatal.
En entrevista, la lideresa sindical opinó sobre las declaraciones del Gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, quien en diversas ocasiones ha manifestado que la raíz de la crisis financiera en Baja California está en los recursos que el Estado destina al rubro de educación.
“Cada maestro gana lo que le corresponde, derivado que se sujetaron a los programas que el mismo gobierno ofertó y eludir la responsabilidad de esa manera no es válido”, expuso.
“Como secretaria general, considero que este ha sido el peor periodo de un gobierno en el tema magisterial, donde la situación ha estado ríspida porque hay que pelear hasta porque paguen a tiempo y ellos quieren culpar al magisterio”, agregó.
Gutiérrez Santoyo admite que algunos salarios llegaron a techos altos, pero siempre mediante las reglas establecidas por el propio Gobierno Federal para que los profesores tuvieran acceso a mejores puestos.
“La construcción de todos los bonos y las prestaciones que como maestros tenemos se ha hecho con las respuestas salariales que año tras año da el Gobierno Federal”, dijo.
Actualmente los profesores que apenas ingresan al sistema de educación pública pueden recibir salarios de 3 mil a 5 mil pesos quincenales, dependiendo del número de horas que trabajan.
“Sin embargo, en el pasado, los salarios aumentaban gracias a los programas que el Gobierno Federal ha emprendido para que los maestros pudieran participar, ya fuera en medios tiempos, tres cuartos de tiempo y uno iba teniendo acceso a ellos por medio de que cumplías con años de servicio, desempeño profesional, el programa de carrera magisterial en el que los maestros que se apegaron a él, hicieron sus exámenes y si tenían resultados positivos, fueron avanzando”, abundó la lideresa.
Sobre este punto, el secretario de Finanzas opina: “Fueron negociaciones con los sindicatos, muchas veces secretarios de educación, gobernadores les dijeron que sí y aquí el resultado”, culminó.
¿Podrá el Gobierno Federal absorber la nómina?
Sobre el planteamiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Gobierno Federal pague directamente la nómina de todo el sector educativo, sin transferencias de por medio a los Estados, la secretaria general de la Sección 37 del SNTE considera que si ello representa la certeza de que se les pagará a tiempo y no con los retrasos que presenta el Gobierno del Estado, los trabajadores que representa están de acuerdo con la medida.
En el tercer punto del memorándum para suspender la Reforma Educativa, emitido el 16 de abril por AMLO, se establece que: “la nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”.
Actualmente el Gobierno Federal aporta alrededor de 12 mil 250 millones de pesos al sector educativo en Baja California, el 49% del rubro. Antes del anuncio del memorándum, el gobierno estatal ya había propuesto a la SHCP que la aportación subiera a 17 mil 500 millones de pesos, alrededor del 70% del presupuesto total.
Con ello, la administración estatal podría liberar 5 mil 250 millones de pesos del presupuesto estatal a otras áreas.
Al respecto, Alejandro Ruiz Uribe, delegado del Gobierno Federal en Baja California, aseguró que uno de los propósitos es que los docentes reciban su pago de manera puntual.
“El problema es que los gobiernos estatales administran mal el dinero federal y entonces tienen ese tipo de problemas, gastan en otras cosas, pensando que van a sacar partidas, ha sido una muy mala administración”, considera.
“Otro de los objetivos del plan de López Obrador es poder revisar y dar de baja a los miles de aviadores que hay en esas nóminas, el Gobierno del Estado mete de todo, no es que los maestros son aviadores, sino que les han metido aviadores, pero al momento de pagar la Federación, les va a pagar a los que estén dando clase”, planteó el funcionario federal.
Sin embargo, aclaró que por parte del Gobierno Federal no se ha anunciado de manera formal cuándo iniciarán la revisión de nóminas, ni cuándo se pondrá el marcha el programa para incorporar las nóminas de docentes al gasto federal.