Por unanimidad y con 456 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, cuyo objetivo es perseguir de oficio los actos ilícitos y castigar a los responsables con penas de hasta 25 años de prisión.
El dictamen contempla una pena básica de 6 a 15 años de cárcel y multas de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) para quienes obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con fines de lucro.
Agravantes y sanciones más severas
La ley incluye 34 agravantes, agrupadas en tres apartados:
- Una tercera parte más de prisión (8 a 20 años) para extorsión vinculada al cobro de “piso”, negocios comerciales, servicios públicos o privados, y cuando se realice a nombre de organizaciones o sindicatos, reales o simulados.
- Hasta la mitad de aumento (12 a 22.5 años) para extorsiones contra menores, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con relación de confianza, laboral o de negocios con el agresor.
- Dos terceras partes más (10 a 25 años) si se emplea violencia física o se exige el cobro de daños intencionales derivados de accidentes o hechos de tránsito.
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Coordinación entre órdenes de gobierno
El proyecto establece bases de coordinación entre el ámbito federal, estatal y municipal para perseguir el delito de extorsión y sus derivados, así como homologar un tipo penal único que permita su aplicación uniforme en todas las entidades federativas.
Advertencias de la oposición
Diputados del PAN y PRI señalaron que la ley podría permitir que internos en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo salieran de prisión, debido a que las penas mínimas locales son mayores que las previstas en el proyecto, lo que facilitaría apelaciones.
Con esta legislación, México busca fortalecer la persecución de extorsión, proteger al sector productivo y garantizar la seguridad de ciudadanos en todo el país.
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