La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló los resultados de la Operación Caudal, mediante la cual se detectaron esquemas ilegales de extracción y distribución de agua en al menos cuatro municipios mexiquenses.
De acuerdo con las investigaciones, diversas agrupaciones se habrían apoderado de pozos clandestinos para vender el recurso hídrico a precios excesivos, sobre todo a purificadoras y consumidores domésticos.
¿Dónde se registraron los precios más altos?
Según datos recabados por la Fiscalía y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hubo colonias, como algunas en Tecámac, donde el costo por una pipa de 10 mil litros alcanzó los 2 mil pesos, casi el doble del precio regulado, que ronda los mil 131 pesos. Los municipios con mayores sobrecostos fueron:
- Ecatepec: hasta mil 800 pesos por pipa, con un sobreprecio del 59 por ciento
- Cuautitlán: alrededor de mil 600 pesos, con un incremento del 41.4 por ciento
- Tlalnepantla de Baz: pipas de hasta mil 500 pesos, un 32.4 por ciento más caro
- Toluca: precios de hasta mil 244 pesos, 10 por ciento por encima de lo normal
Estas cifras se obtuvieron a través de denuncias ciudadanas y trabajo de inteligencia coordinado con autoridades municipales.
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¿Quiénes están detrás del negocio ilegal?
Las autoridades señalaron que agrupaciones que se hacen pasar por sindicatos están involucradas en el esquema. Entre ellas se mencionan:
- Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON)
- Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME)
- Unión 300
- Sindicato 25 de Marzo
- La Chokiza
Estas organizaciones obtenían el agua de fuentes irregulares y la comercializaban sin cumplir con los procesos de potabilización, lo que representa riesgos sanitarios.
Además, en varios casos se obligaba a la población a comprar exclusivamente a los piperos afiliados, lo que evidencia un patrón de coacción y acaparamiento.
Medidas tomadas por la Fiscalía
Como parte del operativo, las autoridades cerraron pozos ilegales y clausuraron tomas clandestinas, lo que provocó que diversos grupos de piperos perdieran el acceso al recurso.
La FGJEM continúa con las investigaciones para fincar responsabilidades y desmantelar completamente esta red de huachicoleo de agua, un fenómeno que afecta directamente el acceso al agua potable y encarece injustificadamente su distribución.
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