Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicó los alcances de la reforma a la Ley de Amparo y aclaró que no existe retroactividad en perjuicio de los ciudadanos.
El funcionario recordó que el artículo 14 constitucional establece que ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva si afecta derechos adquiridos.
Subrayó que la polémica surgió por un artículo transitorio aprobado en el Senado, cuya redacción “no es la más clara” y ha generado interpretaciones erróneas sobre un supuesto impacto retroactivo.
Diferencia entre leyes sustantivas y procesales
Zaldívar precisó que la Ley de Amparo es una ley procesal, es decir, regula la manera en que se tramitan los juicios, los plazos, los recursos y las etapas procesales. En este sentido, explicó que:
- Las etapas concluidas en los procesos ya generan derechos adquiridos y no pueden modificarse.
- Las etapas posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por la nueva ley, lo que no constituye retroactividad, sino aplicación hacia futuro.
- La jurisprudencia de la Suprema Corte avala que en materia procesal las reformas pueden aplicarse a los actos que se realicen después de su entrada en vigor, sin invalidar lo previamente resuelto.
Propuesta de ajustes para mayor claridad
Aunque defendió la constitucionalidad del decreto, Zaldívar sugirió a los legisladores realizar ajustes en la redacción del transitorio con tres objetivos principales:
- Establecer explícitamente que la Ley de Amparo es procesal, para facilitar la comprensión ciudadana.
- Precisar que los actos concluidos en juicios en trámite se rigen por la norma vigente al momento en que ocurrieron.
- Aclarar que los actos futuros se regirán por la nueva ley, sin implicar retroactividad ni afectación a derechos adquiridos.
Con estas precisiones, aseguró, quedaría zanjado cualquier debate sobre la constitucionalidad de la reforma.
Enfatizan respeto a la Constitución
Zaldívar reiteró que la postura del Gobierno federal es clara: no se avalará ninguna norma que contravenga la Constitución ni que implique retroactividad en perjuicio de las personas.
Añadió que la intención del Senado fue agilizar y modernizar los juicios de amparo, incluyendo notificaciones electrónicas y plazos más breves, sin menoscabar derechos.
“La presidenta ha sido enfática: no estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución. Las dudas deben aclararse para dar certeza jurídica y garantizar que la reforma fortalezca, no debilite, la justicia”, concluyó.
IO