Tras una audiencia que se extendió por 12 horas, la jueza Ángela Zamorano decidió posponer la resolución sobre la petición de libertad anticipada presentada por la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
La decisión fue aplazada y la nueva audiencia para definir el caso quedó programada para el viernes 21 de noviembre.
La defensa solicita la liberación cinco meses antes de que Duarte cumpla íntegramente su condena, alegando que el exmandatario cumple con los requisitos señalados por la ley: buena conducta en el reclusorio y haber cubierto más del 70% de la pena impuesta.
Fiscalía y organizaciones piden cautela; riesgo de entorpecer investigaciones
La Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la concesión de la medida y argumentó que la libertad anticipada podría entorpecer procesos pendientes contra Duarte.
La fiscalía añadió que, contrario a lo señalado por la defensa, el exgobernador no ha demostrado buena conducta durante su reclusión.
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Organizaciones civiles también pidieron rigor en la valoración. Propuesta Cívica solicitó a la jueza Zamorano realizar un análisis exhaustivo e integral de la solicitud para garantizar la justicia hacia las víctimas y evitar impunidad.
Antecedentes del caso y situación jurídica de Duarte
Javier Duarte, de 55 años, se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la CDMX desde su extradición en 2017. Fue sentenciado a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, y obligado a pagar una multa superior a 58 mil pesos.
Las investigaciones le atribuyen desvíos de recursos mediante empresas fantasma y prestanombres durante su administración en Veracruz.
Además de las causas locales, Duarte enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que complica su panorama judicial.
Qué sigue
Con la resolución suspendida, el caso seguirá en el tribunal: la próxima audiencia el 21 de noviembre será clave para determinar si se concede la libertad anticipada o si Duarte permanecerá en prisión hasta el cumplimiento total de su sentencia.
La decisión deberá ponderar tanto los requisitos legales como las posibles implicaciones para procesos en curso y los derechos de las víctimas.
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