
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) investiga si Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue convocado por grupos del crimen organizado antes de su asesinato ocurrido la noche del domingo 19 de octubre.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó en entrevista con Joaquín López-Dóriga que el líder limonero salió de Morelia alrededor de las 13:00 horas con destino a una reunión en Apatzingán, donde presuntamente se encontraría con productores locales.
De acuerdo con el seguimiento de cámaras de seguridad, Bravo viajó en un vehículo blanco y, al llegar al tianguis limonero, cambió a una camioneta Toyota gris, con la que se dirigió hacia Cenobio Moreno.
Posteriormente, las cámaras registraron que el vehículo regresó a Apatzingán y avanzó rumbo a la zona de Loma de Hoyos alrededor de las 21:00 horas.

Noticia Destacada
Aseguran fentanilo, metanfetaminas y precursores químicos en megaoperativo en Sinaloa
El asesinato ocurrió entre la tarde y la noche del domingo
Según los primeros peritajes, el homicidio se habría cometido entre 10 y 12 horas antes de que las autoridades recibieran el reporte, es decir, durante la tarde o noche del domingo.
El cuerpo de Bernardo Bravo fue encontrado dentro de una camioneta en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, con huellas de violencia. Fueron pobladores quienes alertaron a las autoridades tras encontrar el vehículo abandonado.
Torres Piña indicó que la Fiscalía mantiene un operativo activo en Cenobio Moreno y Apatzingán para rastrear los vehículos y los números telefónicos con los que el dirigente tuvo contacto durante el día del crimen.
Un líder que denunció amenazas del crimen organizado
Bernardo Bravo había denunciado públicamente la extorsión y amenazas que enfrentaban los productores de limón en el Valle de Apatzingán. En febrero de este año, alertó en redes sociales que había recibido amenazas directas por parte de grupos criminales.
En septiembre, volvió a manifestarse en contra del cobro de cuotas, señalando que los citricultores estaban “permanentemente secuestrados” por las exigencias de las organizaciones delictivas que controlan la región.
Su asesinato ha generado conmoción y temor entre los productores agrícolas de Michoacán, quienes exigen garantías de seguridad ante el creciente control del crimen organizado en el sector limonero.
La investigación continúa en curso, mientras la Fiscalía analiza las comunicaciones y desplazamientos del líder agrario para determinar si fue engañado o citado a una reunión antes de su ejecución.
IO