Francisco Javier Pizarro Chávez
El proceso de transición presidencial arrancó formal e institucionalmente el lunes pasado, cuando el presidente constitucional saliente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunieron en el Palacio Nacional, con sus respectivos gabinetes, para iniciar la entrega y recepción de la administración pública en sus diversas áreas, lo que es algo inédito.
Cierto es que será hasta el 1 de diciembre, como lo establece la Constitución, cuando Enrique Peña entregue la banda presidencial al nuevo mandatario.
La Constitución y la legislación electoral, establecen de entrada que el candidato triunfador de una elección presidencial, tiene que esperar dos meses —del 1 de julio hasta el 6 de septiembre— para que el Tribunal Electoral del Poder Electoral del Poder Federal, desahogue los juicios de inconformidad e impugnación, califique la legalidad de la elección y haga entrega de la constancia de mayoría que le valida como Presidente electo, el cual en apego a la ley constitucional tiene que esperar pacientemente tres meses más para asumirse como Presidente constitucional.
Por eso ha llamado mucha la atención en el país e incluso en el extranjero la forma en que se está operando el proceso de transición.
En primer término el que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación, le haya entregado, literalmente, un mes y una semana después de la elección (8 de agosto) la constancia de mayoría al candidato triunfador de la Coalición Juntos Haremos Historia, que lo avaló como Presidente electo. Esto no había ocurrido antes. Usualmente se entregaba a fines de agosto o principios de septiembre.
¿La razón de ello? Es Sencilla. Porque en los procesos electorales anteriores las elecciones presidenciales fueron conflictivas con votaciones sumamente cerradas, con un alto cúmulo de irregularidades e ilegalidades, mientras que en las elecciones de este año la diferencia de votos entre López Obrador y sus competidores, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, fue apabullante, a tal grado que sus opositores el mismo día de la elección reconocieron públicamente su derrota y por tanto no la impugnaron.
Otro factor que ha contribuido en forma significativa a dinamizar la transición de poderes es la civilidad, respeto e institucionalidad con que se han comportado tanto el presidente entrante, como el saliente, lo que también ha llamado mucho la atención de los ciudadanos, que como es de conocimiento público no sólo tienen agudas diferencias políticas e ideológicas, sino también proyectos de nación antagónicos.
Enrique Peña es un priísta de cuna, ferviente neoliberal y defensor del régimen político corrupto e ineficiente hasta hoy vigente.
López Obrador, si bien también inicia su carrera política en el PRI, rompe con él en las elecciones de 1988, se incorpora el PRD, partido que dirige y desde el cual logra la jefatura de Gobierno del Distrito Federal y es candidato presidencial dos veces y termina por separarse de ese partido para fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que logra su registro como partido político y gana las elecciones presidenciales de julio pasado.
Un ejemplo vivo de ello es las posturas contrarias que en la reunión en el Palacio de Gobierno expresaron en torno a dos temas significativos como son los del Nuevo Aeropuerto y la Reforma Educativa, que Peña Nieto dijo seguirá avalando hasta el fin de su mandato y la de Manuel López Obrador que anunció se convocará a una consulta para determinar si se construye el Nuevo Aeropuerto en ciernes en Texcoco o no, y tajantemente dijo que derogará la reforma educativa.
Hasta aquí hemos abordado el porqué señalamos que estamos en presencia de una transición larga y tersa.
Cierro esta reflexión en voz alta, explicando porqué el encabezado también incluye el calificativo de perversa, el cual no se refiere al proceso de transición en sí mismo, que como he señalado líneas arriba ha sido civilizado, respetuoso e institucional, sino a la manipulación política que maliciosamente se difunde en medios de comunicación y redes sociales, mediante tergiversaciones, falsedades y opiniones absurdas, como las de hacer creer a los ciudadanos que existe entre Peña Nieto y Andrés López Obrador un pacto de impunidad.
Pongo dos ejemplos de ello. El de la liberación de la maestra de la ambición y el poder, Elba Esther Gordillo y el de la reconfiguración que la PGR hizo de los delitos que tienen en prisión al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, el cual fue vinculado a proceso en 2017 por Delincuencia Organizada y Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Lavado de dinero), el primero de los cuales fue sustituido por el de Asociación Delictuosa, lo que implica una significativa reducción de la condena.
El delito de delincuencia se penaliza con prisión de entre 25 y 40 años; el de asociación delictuosa con una pena de 5 a 10 años. El primero es considerado delito grave, el segundo no, lo que abre las puertas a una eventual liberación del ex gobernador veracruzano.
Los perversos aducen que la liberación de Elba Esther Gordillo y la eventual liberación o al menos reducción de la pena de Javier Duarte, son obra de un acuerdo soterrado entre el presidente constitucional y el presidente electo, con lo que buscan denigrar a López Obrador y restarle credibilidad.
Aprovechan situaciones como las de que el mismo día que se entregó la constancia de mayoría a López Obrador se liberó a la ex dirigente del SNTE y; que el mismo día del inicio formal del proceso de transición, Elba Esther dio su conferencia de prensa en la que entre otras cosas anunció “el derrumbe de la Reforma Educativa” y se calificó como perseguida política.
Ese mismo día (21 de agosto) la PGR retiró el delito de delincuencia organizada al ex gobernador de Veracruz.
No dudo que en ambos casos hubo consigna oficial, pero eso hay que ponerlo en la cuenta de Enrique Peña Nieto que es el presidente en funciones, no a López Obrador que aún no asume el gobierno.
Como bien dice el dicho: No hay que confundir a las gordas con las embarazadas.