Por Aissa García, para PorEsto
Estados Unidos tiene derecho a decidir quién entra a su territorio. México tiene exactamente el mismo derecho. El problema no está ahí. El problema comienza cuando la concesión o el retiro de una visa deja de percibirse únicamente como una decisión migratoria y empieza a convertirse en una señal política; cuando perderla provoca inmediatamente sospechas de corrupción, narcotráfico o delincuencia organizada y cuando, sin acusación, expediente judicial ni pruebas conocidas, la decisión de un gobierno extranjero comienza a funcionar ante la opinión pública mexicana como una especie de sentencia anticipada.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo perder una visa estadounidense equivale a ser culpable de algo? Una visa no es un certificado de buena conducta. Tampoco es un derecho adquirido. Es una autorización expedida por un Estado extranjero para que una persona pueda presentarse en su frontera y solicitar ingreso. Incluso una visa vigente no garantiza la entrada a Estados Unidos. Y Washington tiene facultades amplias para cancelarla porque la otorga. Quitas lo que das. Así de fácil! Pero precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre una decisión migratoria administrativa y una acusación penal. Son cosas completamente diferentes y debe estar claro. Ahora bien, el tema tampoco puede analizarse como una sucesión de casos aislados. Según la agencia Reuters, desde octubre de 2025 el gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, como parte de su estrategia contra los cárteles y sus presuntos aliados políticos.
La agencia consultó a tres exembajadores estadounidenses quienes confirmaron que gobiernos anteriores también habían utilizado la revocación de visas, pero no en la magnitud que estaba alcanzando durante la administración Trump. Tony Wayne, embajador de Estados Unidos en México entre 2011 y 2015, sostuvo que “La administración Trump está encontrando nuevas formas de ejercer más presión sobre México”. Si su teoría es real, ya no estamos hablando solamente de migración, sino de presión. Representantes del Departamento de Estado y embajadores han dicho y publicado que las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden ser revocadas cuando existan actividades consideradas contrarias al interés nacional estadounidense, entre ellas narcotráfico, corrupción, espionaje, permanencia migratoria irregular o ayuda a la inmigración ilegal. Ese derecho soberano no está en discusión. Lo que sí debe discutirse son sus consecuencias políticas cuando quien pierde la visa es una figura pública.
La exembajadora estadounidense en México Roberta Jacobson ha revelado que, durante su etapa en el gobierno, las cancelaciones de visas a políticos normalmente ocurrían ante una condena o un proceso penal en curso. Según ella, que hoy una visa sea retirada podría indicar que Estados Unidos investiga actividades delictivas de una persona, pero no necesariamente. Y agregó que podrían transcurrir años antes de conocerse siquiera si existía realmente una investigación estadounidense. Esa diferencia es enorme. Porque entre el “podría estar siendo investigado” y “es culpable” existe todo el espacio que ocupa el Estado de derecho. Lo que está ocurriendo - lamentablemente - en el debate político mexicano es que ese espacio empieza peligrosamente a desaparecer. Se cancela una visa y comienzan las preguntas: ¿qué hizo?, ¿qué sabe Washington?, ¿está relacionado con el narcotráfico?, ¿por qué la Fiscalía mexicana no lo investiga? La sospecha sustituye a la prueba. Por suerte para muchos, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó directamente esa confusión el pasado 18 de agosto.
“A nosotros no nos dan información de la Embajada”, explicó al ser cuestionada sobre las visas retiradas a dirigentes políticos mexicanos. Después estableció la distinción que debería regir este debate: “La visa no define a un mexicano o a una mexicana”. Y fue todavía más precisa: si existe un delito que perseguir, existen mecanismos institucionales para entregar información y pruebas. “Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder”, afirmó. Su razonamiento plantea una cuestión elemental de reciprocidad. Cuando México solicita a Estados Unidos la detención o extradición de una persona, Washington exige pruebas suficientes. ¿Por qué México tendría que funcionar de manera diferente? Si Estados Unidos posee información que acredita que un funcionario mexicano participa en narcotráfico, corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito, la cooperación bilateral ofrece mecanismos para compartirla. México debe investigar. Y si las pruebas son suficientes, debe actuar sin importar partido, cargo, apellido o cercanía con el poder. Pero una visa cancelada no puede sustituir esas pruebas.
Sheinbaum formuló entonces la pregunta más sencilla y quizá más importante: “¿Ahora si ellos quitan una visa, representa una investigación de la Fiscalía?” No debería. El caso López Beltrán vuelve a encender el debate La discusión adquirió nueva dimensión este agosto cuando Andrés Manuel López Beltrán anunció que Estados Unidos había revocado su visa y sostuvo que la decisión tenía motivaciones políticas y que las autoridades estadounidenses no habían presentado pruebas que lo relacionaran con algún delito. La respuesta del gobierno estadounidense fue igualmente significativa. La Embajada de Estados Unidos en México sostuvo que Washington cancelará cualquier visa cuando tenga razones para hacerlo, independientemente de quién sea su titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.
Y un portavoz del Departamento de Estado resumió su posición con una frase contundente: “Cada decisión sobre una visa es una decisión de seguridad nacional”. Ese es precisamente el punto donde las dos posiciones chocan. Estados Unidos reivindica su soberanía para decidir quién entra. México reivindica la suya para determinar, mediante sus instituciones, quién debe ser investigado y procesado dentro de su territorio. Ambos principios pueden coexistir. Lo peligroso comienza cuando uno pretende sustituir al otro. Por lo pronto( las cancelaciones no se han limitado a México. Washington tiene todo el derecho de decidir quién cruza su frontera. Lo que una visa no puede decidir es quién es culpable en México.
