De la Redacción
TULUM, 13 de febrero.- Un nuevo conflicto por la posesión de los terrenos de invasión donde nuevamente la policía no intervino para evitar conatos de violencia, este ocurrió la noche del pasado martes al suscitarse otra situación de desalojo de los “paracaidistas”, donde personas que se ostentaban como líderes sacaron a un pastor del lugar, donde también golpearon brutalmente a una mujer, la cual presentó su denuncia ante la agencia del Ministerio Público.
Fue después de las ocho de la noche cuando más de 30 personas encabezadas por una mujer de nombre Gabriela del Carmen Herrera Pech, quien se autonombró líder de la colonia denominada “Yo Kool Kin”, ante la ausencia del cabecilla Mario Murillo a quien intentaron ejecutar el pasado 31 de enero, llegaron hasta la zona invadida de la calle Mercurio con avenida Satélite para sacar del predio a un pastor de nombre Sandy Rangel Santos Narváez.
De esa manera, el agraviado Santos Narváez explicó que la señora Gabriela del Carmen llegó para pedirle la cantidad de 100 mil pesos para pagar el predio en el que vive.
Sin embargo, al no llegar a un acuerdo, expuso que la mujer Gabriela del Carmen Herrera Pech instó a las personas a sacar sus cosas del lote, en el cual llevaba más de un año viviendo, de donde la mujer habría agarrado una bolsa con dinero al interior.
Asimismo, el denunciante declaró que ante esa situación pidió auxilio al 911 y tras la llegada de patrullas de Seguridad Pública ningún policía intervino y únicamente pidieron a los involucrados llegar a un acuerdo para luego retirarse.
De esa manera, Santos Narváez explicó que una de sus vecinas de nombre Juana Ruiz se puso a grabar con su celular lo que ocurría cuando la gente que acompañaba a Gabriela del Carmen Herrera Pech empezó a agredirla y tratar de quitarle el celular.
Las personas terminaron por golpear a la mujer en varias partes del cuerpo, para luego amenazarla con sacarla del lugar por haberse metido.
Tras esa situación Sandy Rangel Santos Narváez y la agraviada Juana Ruiz presentaron su denuncia por los hechos ocurridos, mientras que las autoridades siguen permitiendo el abuso de cabecillas para amedrentar, agredir y sacarle dinero a las personas que buscan una vivienda.