De la Redacción
La frontera sur de México ha sido descuidada y se encuentra en riesgo, de acuerdo con un estudio presentado por el Consejo Ciudadano de Justicia y seguridad de México, las tasas de homicidios en los estados sureños de Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz superan el promedio nacional y van en aumento.
El estudio refiere que los secuestros se han disparado por todo el sur desde 2015. Los estados fronterizos no solo son ahora la principal ruta para la cocaína traficada desde la costa pacífica de Colombia, sino que además la violencia es alimentada por la fragmentación de los antiguamente dominantes Zetas y el Cártel de Sinaloa, junto con el ascenso del Cártel de Jalisco Nueva Generación y la propagación al sur de México de las pandillas callejeras centroamericanas, en especial la Mara Salvatrucha (MS-13).
La proliferación de cárteles y pandillas ha intensificado las batallas territoriales por el control de los negocios de protección extorsiva. Los centroamericanos, que durante mucho tiempo han sido víctimas de la delincuencia cuando viajaban hacia el norte, ahora se enfrentan a numerosas organizaciones delictivas dispuestas a secuestrarlos, someterlos a abusos físicos y sexuales o asesinarlos. Las pandillas, incluso han llevado a cabo incursiones en albergues de migrantes.
Sin embargo, en muchas localidades fronterizas, la población local considera que los centroamericanos son los responsables del aumento de la delincuencia, lo que ha generado reacciones violentas, incluso llamamientos a que el sur de México construya su propio muro. Los refugiados y los migrantes sufren cada vez más discriminación y a menudo se ven atrapados entre instituciones estatales erráticas, delincuentes predatorios y vecinos alarmados.
México tiene derecho a asegurar sus fronteras y gestionar los flujos migratorios para garantizar que las vidas y el bienestar de los refugiados, los migrantes y las comunidades que los albergan no corran peligro. Pero las realidades de su frontera sur impiden la gestión eficaz y juiciosa de la migración. Las operaciones conjuntas civiles y militares para sellar la frontera no han detenido los flujos, y las medidas coercitivas en las que se apoya México no parecen identificar adecuadamente a aquellos que necesitan protección o asegurar que las personas en tránsito estén libres de amenazas y abusos por parte de grupos delictivos y funcionarios estatales corruptos.
El documento detalla que a medida que los estados del sur de México se convierten en puntos de encuentro para migrantes y refugiados de la región, México, con el apoyo de los países centroamericanos, la UE y potencialmente EE.UU., debería esforzarse por mitigar el riesgo de que las personas en tránsito sufran abusos y de que se generen fricciones entre ellos y las comunidades mexicanas que los albergan.
“Con la elección de un nuevo presidente prevista para el 1 de julio, el estado mexicano, con el apoyo de donantes extranjeros, debería redoblar sus esfuerzos de prevención de la delincuencia; garantizar que todos los organismos nacionales e internacionales involucrados en la protección de refugiados y migrantes, incluidas las agencias de la ONU y los consulados centroamericanos, coordinen sus esfuerzos y se centren en aquellas áreas donde las amenazas sean más graves; y fomentar un enfoque regional realista hacia la cuestión de la migración que ayude a los países del Triángulo Norte a disuadir la emigración a través de mejores oportunidades económicas y la disminución de la delincuencia y la violencia”, detalla y agrega: “Los gobiernos latinoamericanos deberían ampliar sus esfuerzos para distribuir a los refugiados de forma más uniforme a lo largo de la región, con base en iniciativas ya existentes para fortalecer las respuestas regionales conjuntas al desafío.
Tras los atentados, abandonaron esos planes a favor de una intensificación de la cooperación en materia de seguridad, centrada en la lucha contra el terrorismo, entre EE.UU., México y los países centroamericanos”.
Cabe recordar que México adaptó su política de inmigración a las nuevas prioridades de seguridad estableciendo el Plan Sur, un sistema de vigilancia policial y militar, y cediendo ante EE.UU. en todos los asuntos de importancia relacionados a la frontera sur.
El Plan Sur apuntó a disuadir la emigración centroamericana a EE.UU. reforzando las inspecciones en carretera de vehículos en busca de migrantes indocumentados a lo largo del Istmo de Tehuantepec, la franja de tierra en la que la distancia entre el Golfo de México y el Océano Pacífico es más corta.